Un espanto previsible

El artículo 26 de la Constitución de la República dispone que "en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito". Nuestra tradición constitucional ha puesto énfasis en el objetivo de seguridad y rehabilitación del recluso.

Este precepto es un ejemplo de letra muerta constitucional, y la tragedia de la madrugada del jueves pasado en Rocha, lamentablemente, lo confirmó. Lo peor de todo es que, salvo en lo que atañe a la localidad, a los familiares y allegados de la decena larga de muertos y quemados por el incendio, a la población en general le va a pasar desapercibida pues ni la fiesta nacional organizada para la llegada de los deportistas del Mundial de Sudáfrica, ni las vacaciones fueron opacadas por los días de congoja nacional que debió sentir la sociedad uruguaya.

No es cuestión de politizar porque sí este gravísimo suceso. Pero la izquierda lleva seis años de gobierno del país con poderes absolutos, con libertad para hacer lo que quiera, y ese período ha sido de una bonanza para la economía del país como no se conoció en su historia.

¿Qué hicieron en ese tiempo con el dinero? Hay que decirlo claramente, la omisión de cumplir con el mandato constitucional, que consagra el deber de satisfacer una obligación social, es flagrante. En el cuarto año de gobierno de Tabaré Vázquez, un funcionario de un organismo internacional que nos visitó, denunció que las cárceles uruguayas eran las peores del mundo y entonces el ex Presidente se enteró, y dispuso medidas inmediatas, pero recién en estos días se estaría votando una ley de emergencia carcelaria. Mientras tanto nadie explica qué se hizo bajo el Ministerio de Astori, ni quién fijaba las prioridades del gasto.

El ex Ministro del Interior, Guillermo Stirling en su editorial del 7 de julio publicado en www.concertacionciudadana.org, ("la seguridad como parte de la libertad") observa la necesidad de contar con establecimientos adecuados para alojar a los adictos a la pasta base. Ese problema lo debió afrontar bajo su gestión, pero aquél gobierno no contaba ni de cerca con los recursos del actual de izquierda para atender esta necesidad acuciante. Y justamente, el padre de uno de los jóvenes muertos de asfixia por intoxicación, se quejaba que su hijo murió encarcelado por fumarse "cuatro porros".

La cifras aterran: las cárceles uruguayas cuentan con 5.000 plazas para alojar más de 9.000 recursos. La cárcel de Rocha, con 174 reclusos para 70 plazas, tiene un hacinamiento de un 269%, es la segunda en las peores condiciones del país. No tenía habilitación de Bomberos pues estaba observada por las "ranchadas", separaciones con frazadas y cartones para preservar la intimidad, los que podían hacerlo. Y al parecer, un calentador provisorio hecho con ladrillos y resistencias de alambre, al tomar contacto con una de las precarias separaciones, provocó el fuego. "Vivían a lo perro" declaró el padre de otro de los muertos, acusando de negligencia a la jefatura de Policía y a la guardia de la cárcel, responsabilidades que deberán dilucidarse judicialmente pues se cuestiona el proceder de las jerarquías.

Discutir si la puerta de salida estaba abierta o cerrada no tiene sentido, es un detalle. Importa la consecuencia de no haberse tomado medidas elementales de precaución por parte de autoridades gubernamentales que todavía se jactan de sus éxitos en el manejo de la economía del país.

Esto no lo arregla Mujica pidiendo disculpas. Sirve sólo como confesión.

El Partido Nacional interpela, y es de esperar que toda la oposición coordine una instancia parlamentaria en bloque y eficaz.