Conflicto afecta exhortos judiciales

PABLO MELÉNDREZ

Un conflicto gremial desatado en una dependencia del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que se dedica a tramitar los exhortos judiciales con otro países, afecta la participación en los sistemas de Cooperación Jurídica Internacional en los que interviene Uruguay.

La semana pasada, el personal técnico y administrativo de Autoridad Central -oficina que depende jerárquicamente de la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales del MEC- se declaró en preconflicto ya que, según alegan, son víctimas de una situación de discriminación, debido a que se han aprobado partidas compensatorias para funcionarios de otras áreas, pero no para ellos.

Por ese motivo, Autoridad Central sólo está tramitando asuntos urgentes, como casos de extradiciones, restitución de menores y embargos. Así, casos que no imponen y una necesidad inmediata -como el envío y recibimiento de exhortos de prueba en juicios ya iniciados-, no se están diligenciando.

Según los funcionarios, la directora de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales, Cecilia Blanco, ha otorgado compensaciones salariales en varias dependencias "pero a nadie de Autoridad Central", aseguró a El País la presidenta de la Asociación de Funcionarios del MEC, Graciela Nario.

Agregó que si bien el sindicato no está de acuerdo con la existencia de compensaciones, es la única solución viable para que los funcionarios de Autoridad Central puedan aumentar sus ingresos hasta tanto no se apruebe una iniciativa que crea un régimen de exclusividad.

Ayer, El País intentó consultar a Blanco, pero el coordinador de la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales, Pablo Maqueira, explicó que desde el MEC no se van a realizar comentarios sobre el conflicto en Autoridad Central.

La situación denunciada por los funcionarios llegó al Parlamento debido a que fueron informados varios legisladores blancos y colorados. En una misiva remitida a los parlamentarios -a la que accedió El País, se subraya: "Se da el caso que ninguno de los funcionarios discriminados somos frentistas".