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El gobierno impulsará una nueva ley de Radiodifusión con el objetivo de armonizar la legislación al nuevo escenario tecnológico, "proteger la libertad de expresión", y evitar la profundización del proceso de concentración de medios.

El Ejecutivo ya elaboró un documento con el que pretende abrir la discusión de este tema.

El texto "Aportes para la revisión y reforma de la Ley de Radiodifusión" -al que accedió El País- sostiene que "la nueva ley debería dar cuenta de la necesidad y pertinencia de regular todos los servicios de comunicación audiovisual, sin importar que plataforma tecnológica utilicen: espectro, cable físico, señal satelital o protocolo Internet".

La iniciativa tendrá el objetivo de "proteger y garantizar la libertad de expresión; no para controlar los medios sino, incluso, para darles previsibilidad jurídica y certezas respecto a las reglas de juego que se les aplicarán". El gobierno entiende que esas reglas están vetustas respecto a la regulación de las posibilidades que permiten las nuevas tecnologías.

Consultado sobre la iniciativa, el director de Telecomunicaciones Gustavo Gómez, explicó que esta apuesta a la "modernización de una legislación tiene que acompañar los tiempos de la convergencia digital".

El jerarca recordó que buena parte de la legislación vigente es "anacrónica" pues se remonta a la época de la dictadura, y ésta ha incorporado algunas disposiciones por la vía del decreto para enmendarla.

Por esta razón, el futuro proyecto de ley buscará además "reunir el universo" normativo con el fin de "dar certeza jurídica a todos los operadores".

El tercer motivo tiene que ver con generar una "legislación que asegure la libertad de expresión y que garantice una mayor diversidad en el sistema de medios uruguayo, atendiendo a recomendaciones internacionales" como las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Así, la apertura buscará contrarrestar el "creciente proceso de concentración de medios".

El documento señala que Uruguay no escapa a la realidad de América Latina en cuanto a las carencias legales para evitar esta concentración de medios.

De acuerdo al texto del proyecto, la nueva norma debería "establecer medidas efectivas para impedir la formación de monopolios u oligopolios, privados o estatales, en la propiedad de los medios de comunicación, de modo de promover la diversidad de informaciones y opiniones y la apertura a la competencia".

La ley buscaría dar garantías y oportunidades por igual a todo el mundo, sin que los permisos -que son otorgados por potestad de los gobiernos- sean cedidos de forma "discrecional".

Una forma de frenar la acumulación de medios pasaría por limitar "la cantidad de licencias que una persona, empresa o grupo económico puede detentar", dice el texto. Así, el proyecto de ley seguirá la línea trazada por la administración de Tabaré Vázquez en la entrega de concesiones de frecuencias. El decreto 374 del 2008, referido a la actualización de aspectos relativos al otorgamiento del uso de frecuencias para la radiodifusión comercial, establece por ejemplo, la posibilidad de llamados a concursos abiertos a tales efectos.

Por último, Gómez aclaró que la iniciativa va por un camino diferente al proyecto de cuota pantalla que promueve el Ministerio de Educación. La nueva propuesta "no es una ley de contenidos", recalcó.

El Poder Ejecutivo hará la presentación oficial del documento sobre la nueva ley de telecomunicaciones el próximo 22 de julio. El evento será en el auditorio de la Torre de las Telecomunicaciones a la hora 11 y contará con la presencia del ministro de Industria, Roberto Kreimerman, y del director de Telecomunicaciones, Gustavo Gómez. También participará desde Washington, la relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero. Además, se instalará un comité técnico donde estarán representadas las universidades privadas, la Udelar, periodistas, productores audiovisuales y empresarios, que aportarán sus propuestas para tratar de llegar a consensos generales a fin de elaborar el proyecto de ley.