Comisión oficial para reparación recibió 640 casos

En el primer semestre de trabajo, una comisión formada por el gobierno para recibir reclamos de reparación legal por acciones ilícitas del Estado durante la dictadura recibió 640 solicitudes.

El resultado del trabajo fue presentado por el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, ante el Consejo de Ministros. La comisión fue creada en el marco de la ley 18.596, para que reuniera testimonios y situaciones que, luego de ser estudiadas, merezcan el reconocimiento y reparación a las víctimas de la actuación del Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985.

Esta comisión está integrada por representantes de los ministerios de Economía, Educación y Salud Pública, y por delegados de las organizaciones sociales Crysol y Familiares de detenidos desaparecidos.

Desde comienzos de este año la comisión ha recibido 640 solicitudes de reparación que están siendo estudiadas. Según el ministro Ehrlich, un número significativo de ellas ya han sido resueltas favorablemente, en particular casos de personas nacidas en cautiverio o que permanecieron más de 180 días en situación de privación de libertad con su madre; y también la comisión se ha pronunciado sobre las situaciones de personas que padecieron lesiones gravísimas a consecuencia de la acción ilegal del Estado.

Esta ley prevé distintos tipos de reparaciones. Por un lado el reconocimiento propiamente dicho a las víctimas; otro nivel de asistencia es el sanitario; y la indemnización económica a las víctimas para ciertos casos bien definidos. En el caso del apoyo a la salud, ayer el Ministerio de Salud Pública presentó un proyecto de reglamentación para un artículo de la ley 18.596, que el Poder Ejecutivo resolverá próximamente.

La comisión llamó en forma pública a escribanos, abogados y estudiantes avanzados de ambas carreras para que apoyen gratuitamente solicitudes de posibles beneficiarios.

Asimismo, se inauguró ayer la "Semana contra la Impunidad", en la cual habrá proyección de documentales, debates y otras actividades. Está convocada por organizaciones de derechos humanos y concluirá el viernes 25 con una marcha de repudio a los 37 años del golpe de Estado, que se cumplen el domingo 27.