ALFONSO LESSA
Gemida. Peleada. Resistida: así fue la votación en la que unos 700 piqueteros y exaltados ambientalistas abrieron un paréntesis en la ocupación del puente que llevaban tomado desde hacía años.
Esas 700 personas resolvieron sobre el futuro inmediato del puente binacional, pero tomándose la atribución de establecer plazos y condiciones. Por cierto, parece bastante menor el número de personas que la Asamblea logró reunir en el momento más importante desde que comenzó el conflicto: una cifra que habla acerca de la escasa representatividad de una organización absolutamente desgastada y aislada.
Dos meses es el plazo en el que deben darse las condiciones piqueteras: el control binacional de la eventual contaminación, incluyendo la planta de UPM. Y la realización de gestiones para que el tema vuelva a La Haya, un sinsentido imposible, entre otras cosas, porque sus fallos son inapelables.
El miércoles, en una jornada marcada por el Mundial y el amplio triunfo de los celestes ante Sudáfrica, el presidente José Mujica consideró la decisión de los ambientalistas como el cuarto gol de Uruguay. Y esa puede ser la lectura inmediata de la resolución: un éxito de la nueva estrategia llevada adelante por Mujica y Cristina Kirchner que terminó poniendo contra la pared a los líderes más radicales. La tardía apertura de acciones legales contra los piqueteros, resultó decisiva. El riesgo de la cárcel y una amenaza directa a los bolsillos a través de juicios penales y civiles, pudo más que cualquier otra cosa.
Ahora se abre una nueva etapa en la que los requerimientos para el éxito futuro parecen estar encaminados: el gobierno uruguayo cambió su postura inicial y asegura que no tendría problemas en que se controle la planta. Al mismo tiempo, también según el gobierno, la empresa no pondría obstáculos. Sin embargo Uruguay también plantea que esto se realice a ambas márgenes del río: una idea que comparten los presidentes, pero cuya ejecución no será sencilla y que, de concretarse, puede deparar muchas sorpresas, en particular del lado argentino. Los dos gobiernos, además, hablan de involucrar a Brasil en la parte superior del río, lo que tampoco parece sencillo.
La visión optimista choca con problemas como la puesta en marcha de estos controles antes de 60 días y con las posturas extremas de unos cuantos de los asambleístas. Y aquí aparecen las grandes interrogantes sobre el futuro: ¿toda esta movida tuvo como objetivo el retiro decoroso de los piqueteros para iniciar realmente una nueva etapa en la que el gobierno argentino no volverá a permitir cortes? ¿O, por el contrario, todo seguirá condicionado a las presiones y acciones del liderazgo de la Asamblea?
En 60 días tendremos la respuesta: despejada la carretera, el futuro está en manos de los gobiernos, y en particular en la actitud que asuma de ahora en más la Casa Rosada, para que la libertad de circulación sea verdadera y no meramente condicional.