La idea de permitir que los argentinos participen en el monitoreo de la planta de celulosa UPM levanta resistencias por doquier. Desde algunos sectores se dice que tal solución sólo sería aceptable si Argentina accediera a que técnicos uruguayos controlaran las plantas industriales del vecino país instaladas sobre las aguas comunes. Por su parte, el canciller Luis Almagro aportó una opinión desafortunada al comparar esas eventuales inspecciones argentinas con las que se practican por parte de la Unión Europea en los frigoríficos uruguayos que trabajan para la exportación. La comparación no cabe pues una cosa son los controles que los compradores de nuestros productos tienen derecho a realizar y otra es darle la potestad a los argentinos de juzgar si la ex Botnia contamina o no.
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