Policía quiere más facultades para actuar contra hinchas violentos

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Los incidentes del martes 18 durante los festejos por la obtención por parte de Peñarol del Campeonato Uruguayo de Fútbol, reavivaron la polémica sobre cómo controlar a los violentos, y si la Policía debe aplicar "mano dura" para reprimirlos.

Jueces consultados por El País no prevén mayores inconvenientes en los estrados judiciales en caso de que la Policía decida actuar con mayor dureza, y explican que todo dependerá de las pruebas que les brinden para procesarlos.

Los abogados, en tanto, advierten sobre los riesgos de llevar un registro de personas sospechosas, aunque no tengan antecedentes penales, como pretende la Policía.

El hecho es que la actuación de los efectivos policiales el martes 18 marcó un antes y un después en el control de la violencia relacionada a espectáculos deportivos. El propio jefe de Policía, Walder Ferreira, que esa noche recibió un disparo en una pierna en medio de los incidentes, declaró que la Policía "pegó poco" y que ese tipo de festejos no deben permitirse más en el centro de la ciudad.

El juez penal Julio Olivera Negrín dijo a El País que si el gobierno decide endurecer la represión contra los violentos, no implicará mayores inconvenientes en los estrados judiciales. "Si hay más trabajo de la Policía va a repercutir en el Juzgado pero va a ser manejable. Hasta ahora no hemos visto nada que haya cambiado en ese sentido", opinó Olivera.

"Si se nos exige más vamos a responder como hasta ahora, en lugar de trabajar 8 o 10 horas, me quedaré 12, pero acá no se ha visto resentido el sistema judicial por el trabajo de jueces, actuarios y funcionarios. Son jornadas insalubres y en algunos aspectos es inhumano. El Poder Judicial nunca dijo a este lo dejo libre porque estoy cansado", afirmó. El juez agregó que la cantidad de procesados no dependerá solo de la Justicia, sino de las pruebas que se aporten. "La Policía, como auxiliar de la Justicia, debe proporcionar los medios de prueba para que podamos actuar, si no lo hace, y con las garantías que fija la ley, debemos dejar en libertad y no procesar", precisó.

Anabela Damasco, ex jueza penal y actual ministra del Tribunal del Apelaciones, dijo a El País que a los magistrados "no nos corresponde opinar si el gobierno va a endurecer la mano. La actuación de la Policía es una cosa, los jueces actuamos después si advertimos que en un hecho concreto hay abuso o comisión de delito de cualquier parte. Si la Policía investiga más, no necesariamente tiene que haber más procesamientos. Puede haber 1.500 detenidos pero si la Justicia entiende que no hay mérito no procesa a nadie. Esto no es una regla de que si se mete más ganado en un corral se va a precisar más vacunas, esto no es así".

Por su parte, el juez penal Luis Charles dijo que su función es aplicar la ley a los casos concretos y que los magistrados no tienen la responsabilidad de crear las leyes ni aplicar políticas de Estado. Consultado sobre si un aumento en el trabajo de la Policía puede determinar una mayor cantidades de penas alternativas, señaló que la respuesta a los problemas está en la educación y que las decisiones judiciales dependen de cada caso en particular.

"Las medidas a adoptar siempre dependen del caso concreto, no tienen que ver con las posibilidades de alojamiento en los establecimientos de reclusión sino de la conducta que ha despegado la persona y de las consecuencias que prevé la norma para ese comportamiento", afirmó.

Registro. Ayer, en declaraciones a radio Carve, el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, habló de buscar acuerdos con el Parlamento, el Poder Judicial y la Policía a fin de crear "buenas herramientas que nos den buenos resultados" en el combate contra los violentos en el deporte. En ese sentido, reiteró algunas de las ideas que se manejaron esta semana -un registro de hinchas violentos y detenerlos antes de los partidos-, e involucró a los jugadores que tienen problemas con sus parciales para que adopten medidas a fin de "disminuir los líos".

Como primera medida, el Poder Ejecutivo se dispone a reglamentar la ley 17.951 de prevención, control y erradicación de la violencia en el deporte, aprobada en 2006, y que ya habilita a la Policía a llevar un registro de hinchas violentos.

En marzo, el presidente José Mujica pidió a los ministros que le comuniquen las leyes que no se aplican por falta de reglamentación. Entre las que informó el Ministerio del Interior figuraba la ley 17.951.

"Los policías no son abogados que aplican la ley, sino que aplican protocolos de actuación, que son justamente reglamentaciones y eso es lo que les falta en este caso", explicó una fuente ministerial a El País.

Todo esto va en línea con lo que pidió la Policía al otro día de los incidentes del martes 18: un registro de hinchas violentos sin necesidad de que hayan sido procesados.

"De esta forma, ese archivo tendrá validez legal", dijo el subjefe de Policía de Montevideo, Washington Curbelo.

Los policías actualmente pueden llevar un registro de hinchas violentos que hayan sido procesados por la Justicia Penal por riñas en espectáculos públicos o hechos vandálicos en las calles, entre otras figuras delictivas.

Entre los juristas, el planteo de la Policía de llevar un registro de hinchas sospechosos recibe algunos reparos por las consecuencias que puede traer. El abogado constitucionalista y decano de Derecho de la Universidad Católica, Martín Risso, dijo esta semana a El País que la iniciativa de la Policía sería aplicable si se "explican fundadamente" sus criterios y se concluye que existen "causas razonables" que permitan una medida de esas características. "Es algo que se debe hacer con cuidado, porque es un tema discutible", advirtió Risso, quien indicó que podrían existir visiones jurídicas que sostengan que la medida viola el principio de igualdad.

El abogado Jorge Pan, del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), dijo que para no permitir el ingreso de una persona a un partido de fútbol "tiene que haber algún elemento de prueba o convicción" que permita deducir que podría generar disturbios. "Es un tema que debe ser estudiado, porque da lugar a que existan manejos arbitrarios en función de los criterios que se utilicen y cómo identifiquen a los presuntos violentos", señaló Pan a El País

El catedrático penalista Miguel Langón opinó que una medida de este tipo aplica el concepto de "peligrosidad" que es "uno de los más antiguos criterios jurídicos y responde a una concepción ya superada en el ámbito del Derecho". "El problema está en quién determina una condición tan abstracta y vaga como la peligrosidad si la misma no surge de una actuación judicial previa", dijo.