Quieren bajar informalismo de 46% en vestimenta

El gobierno planteó ayer en la Comisión de Industria de Diputados algunos cambios en la ley de la vestimenta que preveía un subsidio de US$ 27 millones durante siete años.

El director Nacional de Industrias, Sebastián Torres, informó ante esa comisión que pretende reducir la subvención de siete a tres años (como habían reclamado los empresarios) para estimular aún más la formalidad del sector.

Asimismo, esta modificación elevaría el tope de 50% del subsidio destinado a inversión en maquinaria, capacitación y diseño, lo que ayudaría a aumentar los niveles de competitividad en el corto plazo.

Según una presentación que hizo Torres ante los parlamentarios, la mayoría de las empresas del sector son pequeñas y medianas, ocupan a 14.000 personas, de las cuales el 46% lo hace en el informalismo. De estos trabajadores, la mayoría lo hace a facón, con bajos niveles de eficiencia, tienen poca capacidad negociadora y gran parte de estos están radicados en la zona metropolitana (Montevideo, San José y Canelones).

Otras de las debilidades que afecta a este sector es una baja capacitación empresarial, escasa tecnología e insuficiente inversión en innovación y diseño.

En tanto, las principales amenazas del sector pasan por la creciente competencia por productos importados a precios bajos desde China, Argentina, Brasil e India.

Otras modificaciones que planteó Torres ante los diputados fue realizar un monitoreo anual de los resultados obtenidos para corregir los ajustes que se consideren necesarios. También podrán acogerse al beneficio las empresas que fabriquen ropa de cama y baño.

Por otro lado, el diputado del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo a El País que "no se compartió" el planteo de crear una comisión administradora de la industria de la vestimenta que "fiscalice" el cumplimiento de los objetivos que tiene la ley.

Delgado dijo a El País que lo ideal sería una comisión asesora porque de lo contrario se estaría incurriendo en competencias con otros organismos de inspección como el BPS, DGI y el Ministerio de Trabajo.

Este tema seguirá siendo negociando entre los diputados y el Poder Ejecutivo y puede modificarse.