Juez antimafia investiga a la unidad policial aduanera

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EDUARDO BARRENECHE

El juez especializado en crimen organizado, Jorge Díaz, investiga a policías aduaneros por la utilización de una tarjeta de crédito en Europa incautada a un contrabandista. La compra, por 25.000 euros, se hizo cuando el delincuente estaba en prisión.

En el tercer seminario internacional sobre el combate a la comercialización de productos falsificados, organizado por el Estudio Cervieri, el juez Díaz señaló que, en un allanamiento a inmuebles del contrabandista efectuado a fines de 2009, se le incautó una tarjeta de crédito.

"Resulta que después de estar procesado, la tarjeta de crédito fue usada", indicó.

Tras advertir que el acta de incautación realizada por el grupo Funcionarios Públicos Para Aduaneros (Fuppa) es "poco clara", Díaz afirmó que no tenía la certeza de si esa tarjeta fue realmente incautada. "Pero le hicieron un agujero de 25.000 euros. Estamos investigándolo", indicó.

El banco emisor de la tarjeta canceló la cuenta y no le cobró al contrabandista el gasto de la compra realizada en España.

"Hasta Europa el hombre procesado no podía haber ido. Capaz que algún policía infiel lo podría haber dejado salir, pero hasta España no podría haber llegado. Evidentemente este hombre no hizo la compra", dijo el juez.

El Fuppa es una unidad integrada por policías creada por el ex director de Aduanas Luis Lissidini a fin de investigar conductas irregulares de los funcionarios aduaneros.

En los últimos dos años, más de 40 aduaneros y despachantes de Aduanas fueron procesados por la Justicia Penal por cohecho (coimas) o por contrabando.

ESCUCHAS. Tras advertir que no hay cuestionamientos en sedes judiciales hacia la vigilancia electrónica de las comunicaciones entre personas, Díaz señaló que bandas vinculadas al crimen organizado utilizan cada vez más en Uruguay teléfonos móviles satelitales para sortear las escuchas telefónicas efectuadas por la Policía. "El último grito de la moda son los teléfonos satelitales", señaló.

Agregó que la DEA -Policía estadounidense que combate el tráfico de drogas- posee tecnología para interceptar teléfonos satelitales. "Uruguay no la tiene", acotó.

Díaz explicó que en Uruguay existe un protocolo de intervención telefónica que impide a un funcionario policial "pinchar" un teléfono. Las compañías telefónicas, agregó, exigen un oficio del juez para suministrar la tecnología para realizar escuchas telefónicas. "Se nos han ofrecido mecanismos de acceso directo a escuchas telefónicas para agilizar las investigaciones y no los hemos aceptado. El sistema actual brinda suficientes garantías" a los ciudadanos, dijo el juez especializado en crimen organizado.

Durante su intervención, Díaz afirmó que esperaba que, algún día en el proceso acusatorio, los fiscales cumplan con su rol investigador y los jueces esperen en sus despachos para juzgar.

"No hay nada más antinatural que un juez investigando. Uruguay va quedando como furgón de cola de la reforma (del proceso penal) en América Latina", dijo.

Juez Díaz: Las mafias cada vez usan más los teléfonos satelitales para evitar escuchas.

A través de la ley de Presupuesto, en la Dirección de Aduanas se creará un registro voluntario de empresas o representantes de marcas internacionales a fin de que el organismo tenga documentación sobre todos sus productos. El adscripto a la dirección de Aduanas, Jorge Iribarnegaray, dijo que se reinstalará un grupo de propiedad intelectual creado por el ex director Luis Salvo. Esta unidad unificará los procedimientos aduaneros en materia de marcas para que Aduanas actúe de la misma manera en todos los pasos de frontera. Además se creará un manual de procedimiento para detectar mercadería falsificada.

"Aduanas no puede actuar de oficio pese a que se trata de mercaderías que afectan la salud" como los fármacos y los lentes, explicó Iribarnegaray.

En 2009, en un enfrentamiento con el juez de Aduanas, Gustavo Pini, el entonces director de Aduanas, Ricardo Prato, consideró que este organismo podía abrir de oficio contenedores en tránsito. Pini sostenía que tal apertura era irregular porque no había delito en Uruguay y que, por lo tanto, se trataba de un asunto que no era competencia de Aduanas. Iribarnegaray señaló que toda mercadería que ingresa a territorio uruguayo está bajo control aduanero.