DIEGO FISCHER
Se cosecha lo que se siembra. Es una ley de la naturaleza y de la convivencia humana. El tema viene a cuento por las medidas que están tomando los inspectores de tránsito de Montevideo ante la andanada de agresiones que reciben. En una nota que publicó ayer El País se informó de los ataques que estos funcionarios públicos han sido objeto por parte de automovilistas o motociclistas tanto en la capital como en Salto y Tacuarembó.
Desconozco la manera de actuar de los inspectores en el interior, pero todos sabemos cómo se manejan aquí. Un reciente video grabado por una ciudadana dejó en evidencia la impunidad, arbitrariedad y soberbia con la que se mueven. Algunos dirigentes de Adeom no tuvieron mejor idea que intentar dar vuelta los roles y hacer de los verdugos unas víctimas y de la víctima un verdugo. Es muy cierto que nada justifica que sean agredidos : ni ellos, ni nadie; aunque -en ocasiones- uno desearía pagarles con la misma y prepotente moneda.
¿Usted se ha preguntado dónde está la falla? ¿Quiénes son los principales responsables de que los ciudadanos hoy nos rebelemos ante la arbitrariedad de estos señores?
Yo creo que en primer lugar en la propia Intendencia de Montevideo (IMM) que ha hecho de la sanción y la represión en el tránsito un instrumento más de recaudación. En un informe publicado por el diario El Observador, recogido en la Junta Departamental, se indicó que en el 2007 la IMM aplicó 250.000 multas de tránsito y recaudó US$ 7 millones. El edil Daniel Graffigna informó que en 2008 cada inspector de tránsito cobró de comisiones por multas aplicadas un promedio de US$ 388 mensuales. Sí, leyó bien: ¿Cuántas horas tenemos que trabajar usted o yo para ganar esa plata en buena ley en la actividad privada?
¿No es esta una forma institucionalizada de corrupción? ¿A qué me refiero? A que la propia autoridad municipal, que debe hacer cumplir las normas de tránsito, paga a los inspectores no sólo su sueldo; sino además una "mordida oficial" como la llamarían los mexicanos para que se sancione a los automovilistas. Y no valen los argumentos de que esto siempre existió o que hace años que se aplica, porque también la corrupción es antigua como la humanidad. O que se trata de un incentivo. Vaya incentivo entonces.
¿Acaso la Constitución de la República lo contempla?, ¿hay alguna ley que lo autorice a texto expreso? Creo que es legítima la preocupación que manifiestan los inspectores de tránsito por la imagen que tienen. Pero en ellos está intentar cambiarla ¿Cómo? Ellos sabrán.