Varios legisladores del Frente se oponen a anular la ley de Caducidad

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Varios legisladores oficialistas expresaron que se oponen a la anulación de la ley de Caducidad que promueve el propio Frente Amplio. Alianza Nacional se alineó con el presidente Mujica apoyando la mejora en el relacionamiento con las FF.AA.

La reunión entre el mandatario y la bancada de diputados incluyó referencias a la ley de Caducidad. El diputado del MPP Álvaro Vega afirmó allí que está en contra del futuro proyecto de ley que pretende anular o declarar inexistente esa ley.

Vega pidió que "la bancada del Frente no obligue a todos los legisladores a votar la ley", según relató el legislador a El País. Una posición similar tuvo el diputado Gonzalo de Toro (MPP), dijeron a El País participantes de la reunión. Ambos legisladores indicaron que la población ya laudó el tema con dos plebiscitos.

Mientras, el diputado de Asamblea Uruguay Jorge Orrico indicó a sus compañeros que el Parlamento "no tiene atribuciones jurídicas para anular la ley" y también recordó que la ciudadanía ya se expresó dos veces a favor de mantener la ley de Caducidad. "La soberanía radica en la Nación y tenemos que respetar la decisión que tomó el representado, aunque no nos guste", indicó Orrico.

El Frente Amplio resolvió el lunes 12 seguir adelante con la idea de eliminar la ley de Caducidad para que la Justicia tenga las manos libres a fin de juzgar a más militares involucrados en delitos de violación a los derechos humanos. En ese sentido, la fuerza política integró una comisión con todos los sectores y tres delegados de base para elaborar un proyecto que remitirá al Parlamento. El Frente Amplio se opone al proyecto de derogación de la ley de Caducidad promovido por el diputado de Unidad Nacional, José Carlos Cardoso, por entender que si se aprobara, no podrían juzgarse los delitos de violación a los derechos humanos que fueron archivados luego que el Poder Ejecutivo los consideró amparados por la norma.

CON MUJICA. Horas después de conocer la postura de la Mesa Política del Frente Amplio, el sector blanco Alianza Nacional cuestionó la iniciativa. En una conferencia de prensa convocada a media tarde de ayer en el Palacio Legislativo, el sector de Jorge Larrañaga se alineó con la postura del presidente Mujica a favor de la reconciliación de la sociedad y sus integrantes.

El diputado Javier García consideró que la ley de Caducidad "es la más legitimada de la historia del país" porque además del pronunciamiento del Parlamento en 1986, en dos ocasiones -1989 y 2009- la opinión pública convalidó su vigencia. "Cuando se convoca a la gente a pronunciarse sobre una ley, lo único que cabe es respetar la decisión, nos guste o no nos guste", enfatizó.

Añadió que si se concretara la anulación de la ley, por esa misma razón se produciría "un acto profundamente antidemocrático".

"Tenemos la misma idea que el presidente, buscando contribuir a la definitiva reconciliación del país y de la sociedad. El presidente va por un camino y su partido va por otro", subrayó García.

La alineación de Alianza Nacional con la postura de Mujica refiere a su intención de promover desde el gobierno un "acercamiento" con las Fuerzas Armadas, para mejorar el "relacionamiento" con los uniformados, iniciativa hecha pública el lunes en la reunión del Consejo de Ministros.

DESAPARECIDO. En tanto, el abogado Óscar López Goldaracena presentará ante la Justicia el caso de Mary Elena Gil Rodríguez, una ex "correo" del MLN, quien afirma que su bebé, de tan sólo un día, le fue sustraído en noviembre de 1973 luego de dar a luz en la maternidad del hospital Pereira Rossell.

El niño nació con el nombre Roberto Lezue Gil. El médico lo revisó y le dijo a la flamante mamá que su bebé había nacido sano. Luego se lo pidieron para llevarlo a la nursery. Esa fue la última vez que lo vio. Ya en horas nocturnas, la madre insistió en ver a su hijo y, recién al día siguiente, le dijeron que su bebé estaba muerto.

A partir de ese momento, señaló López Goldaracena, comenzaron a suceder una serie de irregularidades administrativas que quedaron en evidencia gracias a investigaciones posteriores, y que ahora el abogado se propone poner en manos de la Justicia.