Pablo da Silveira

El suplemento Qué Pasa publicó el sábado un triste informe sobre la adopción. Unas quinientas parejas piden desde hace años que el INAU les entregue un chico, pero desde que empezó el año casi no hubo adopciones. Los solicitantes ni siquiera conocen el lugar que ocupan en la lista de espera. Paradojalmente, una quincena de bebes están en situación de ser entregados, pero misteriosas trabas burocráticas lo impiden. Como resultado, cada vez más padres acuden a vías alternativas que han sido declaradas ilegales. Como el perro del hortelano, el Estado no hace ni deja hacer.

Cuando se piden explicaciones, los jueces, los jerarcas de INAU y los funcionarios se echan mutuamente las culpas. Una vez más se confirma el acierto de Max Weber cuando señaló a la disolución de la responsabilidad como un rasgo típico de la burocracia: cualquiera sea el lugar donde uno presente su queja, el responsable siempre estará en otro lado.

Muchos de los problemas del INAU son antiguos. Pero las cosas se agravaron desde que, en setiembre de 2009, se aprobó una ley que le concedió el monopolio sobre el régimen de adopción. Difícil imaginar una peor solución.

Los monopolios son siempre malos porque eliminan todo incentivo de mejora y generan públicos cautivos. En el régimen anterior, era posible adoptar a través del INAU, del Movimiento Familiar Cristiano o mediante la intervención de un juez. Si el INAU hacía mal su trabajo, otros podían hacerlo mejor. Pero ahora sólo puede actuar el INAU, independientemente de cómo lo haga.

Además, el INAU estaba lejos de ser un buen candidato para asumir la tarea. Las acusaciones de ineficiencia, insensibilidad, arbitrariedad y eventual corrupción se acumulaban desde hacía años. Pero dar el monopolio a quien hacía peor las cosas fue una rara inclinación de la administración Váz-quez. No hay que olvidar que ese mismo gobierno otorgó el monopolio de las alertas meteorológicas a la Dirección General de Meteorología, justo después de que fallara en pronosticar el peor temporal de las últimas décadas. Parecería que la filosofía no era hacer funcionar mejor los servicios, sino evitar las comparaciones.

Pero lo peor fue otorgar el monopolio de las adopciones al mismo servicio que se encarga de gestionar hogares en los que viven casi 5.000 menores. Para cada uno de esos niños, lo mejor sería volver con sus padres biológicos o pasar a vivir con padres adoptivos. Ningún ambiente institucionalizado puede ofrecer nada parecido a la contención de un hogar. Pero si todos los chicos fueran entregados, muchos funcionarios del INAU se quedarían sin empleo. De modo que la ley colocó a quienes deben decidir las adopciones ante un conflicto de intereses: o protegen a los chicos o protegen a su gremio.

No se trata aquí de cuestionar la integridad moral de todos los funcionarios del INAU, sino de una cuestión de técnica legislativa. Las leyes no deben ser hechas bajo el supuesto de que los seres humanos somos desinteresados, sino bajo el supuesto de que tenemos intereses. Un rasgo de las buenas leyes es evitar los conflictos entre ellos.