Contradicciones patrimoniales en barrios históricos de Montevideo

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SEBASTIÁN AUYANET

En muchas ciudades, tener una propiedad que sea patrimonio es un orgullo y hasta una ventaja. Pero en Montevideo varios dueños se quejan de imposiciones sin contraprestación en medio de un cambio de mentalidad que impulsan las comisiones.

Eran los años de 1980 y la empresa constructora que manejaba Enzo Frigerio junto a unos socios compró la propiedad ubicada en la proa entre las calles Tamburini, Ellauri y Ramón Masini. La idea era construir "un gran edificio", según explica.

Por cada uno de los cinco padrones fue pagando un valor de mercado acorde a las posibilidades que tiene el terreno. Sin embargo, poco tiempo antes de completar la adquisición se supo que esa proa no podía ser demolida: se encontraba señalada como patrimonio y, por ende, protegida y sin posibilidades de que en ese terreno pudiera haber otra cosa.

Las casas quedaron abandonadas durante 13 años, cuenta Frigerio, porque la inversión que se había hecho en ellas constituía una pérdida y no dejaba margen para más nada.

Alrededor de 1995, cuenta el propietario, se regresó a las casas para hacerlas habitables una vez más. "La estructura no se tocó, se trató de dejar lo más original posible", explica.

"Pero fue muy cómico que luego de 13 años con la casa desplomándose, tres o cuatro meses después de iniciadas las refacciones viniera a la casa una persona perteneciente a la comisión de Pocitos a decirme de qué color la tenía que pintar y que tenía que pedir autorización a la comisión para poder hacer esa reforma".

Frigerio cuenta que continuó con la refacción sin atenerse a la exigencia. "El valor potencial de la construcción lo habíamos perdido por completo. Cuando me entero que las propiedades que eran consideradas como patrimonio iban a tener exenciones de contribución, me presenté a la Intendencia pero me enviaron a la comisión de Pocitos". Al no haber acudido a ese llamado y haber tapiado una de las entradas (la que quedaba sobre la calle Tamburini), la casa perdió la posibilidad de la exoneración.

"Es decir, me sacaron valor a la propiedad pero no me dieron nada a cambio. Nos cambiaron las reglas de juego al toque y, cuando sucedió esto, los arquitectos de la comisión determinaron que había alterado la construcción. O sea que sigue siendo patrimonio y no puedo hacerle nada, pero tampoco exonero contribución", señala.

CONSERVACIÓN. Alberto Quintela, integrante de la Comisión Nacional de Patrimonio, explica que en 1975, en tiempos de dictadura, fueron desafectadas de la condición patrimonial una cantidad de bienes.

"Cuando sale la dictadura se termina eso de que la gente derrumba cualquier cosa para hacer torres. Muchos monumentos históricos recuperaron su afectación", relató Quintela.

A partir de ese cambio "se premia el hecho de ir en nuestro sentido en pos de la conservación de una propiedad que para nosotros tiene un valor emblemático", explica el arquitecto Francisco Bonilla, director de la Unidad de Patrimonio de la Intendencia, la otra entidad que, a través de cuatro comisiones especiales fiscaliza y controla el mantenimiento de esas propiedades. "No se permite modificar ni demoler ciertas obras para, por ejemplo, hacer una torre. Entonces, se les da una contraparte en la medida de que eso se encuentre bien mantenido", añade.

El ordenamiento territorial y la fisonomía de estas áreas es lo que se resguarda. "Antes, la mentalidad era la de que en aras del progreso se podían tirar las construcciones pequeñas para hacer grandes torres que acercaran la ciudad al primer mundo. Pero la óptica de la ciudad cambió", explica el arquitecto Nelson Inda, otro integrante de la Comisión Nacional de Patrimonio. "Y aquí hay arquitecturas que no se pueden repetir. Los terrenos en este tipo de áreas ya no tienen ese valor potencial de tener una torre encima, sino que su valor real es el de la construcción que ya tienen arriba y no otro".

La Unidad de Patrimonio tiene en la ciudad cuatro comisiones ubicadas en zonas de especial interés dentro de la capital: Prado, Pocitos Viejo, Carrasco, y Punta Gorda y Ciudad Vieja. También está la comisión de apoyo de Villa Colón y pueblo Ferrocarril, que aún no tiene carácter de especial. Cada una, asesorada por un equipo técnico de la Intendencia, se encarga de controlar que no se hagan intervenciones no autorizadas a los edificios declarados como de Interés Municipal (otorgado por la Unidad) o de Monumento Histórico (la que señala la Comisión). En muchos casos pueden tener ambas.

QUEJAS. "Yo considero que en su momento esto fue un despojo por la cantidad de dinero que se perdió. Pero además después fueron todas imposiciones y trancas que querían hacer cuando en realidad nosotros estábamos recuperando la propiedad", explica Frigerio.

En línea con su razonamiento, son varias las quejas de propietarios que, aseguran, tienen que pasar varias veces por las comisiones o por las oficinas de la Unidad para tener todo en regla y ejecutar un reciclaje de la propiedad protegida. "Al final, lo que más te conviene es esperar que se derrumbe", dice un propietario de una casa protegida en Ciudad Vieja.

Otra queja frecuente es sobre las limitaciones que suele tener una propiedad ante alguna agresión. Un caso frecuente es el de las pintadas con graffitis, que sólo pueden ser tapadas una vez discutida la pintura con las comisiones. Es que en las casas con esta condición, se puede hacer muy poco sin tener que pasar por ellas.

"Los trámites antes demoraban mucho", asiente Bonilla. "Sin embargo, ahora creo que los casos en los que se atrasa son atribuibles a que cuando se hacen observaciones a quienes traen proyectos, esas no se levantan adecuadamente. Un ejemplo: traen un proyecto de edificio de cuatro plantas cuando el límite de altura son tres. En definitiva, hay veces que han venido cinco veces a ver modificaciones. Las demoras se dan en gran medida porque el propietario no se ajusta a las fichas del inventario ni a la normativa municipal".

Bonilla también señala que la condición de discrecionalidad de las oficinas y comisiones de Patrimonio están en todos lados, incluso en Nueva York, "porque hasta esa ciudad tiene su perfil y sus cosas a mantener", explica.

"Cada vez hay más normas que fijan pautas y más inventarios que dicen `esto vale tanto`, que definen el valor real de las propiedades. En estos días se van a definir los inventarios para cada zona para que las correcciones no sean a piacere. Creo que muy de a poco vamos a seguir cambiando de mentalidad. Hace algunos años, la condición de patrimonio le podía bajar un 30%, un 40% al precio de una propiedad. Eso está cambiando. Estamos teniendo otra conciencia de algo que hace a nuestra ciudadanía, al orgullo de ser montevideanos, de tomar conciencia de lo que es tener este patrimonio".

Además de cada área con comisión especial, la Unidad de Patrimonio también protege áreas como el Barrio Sur. Además, de oficio, también la comisión protege todos los monumentos históricos. Para intervenir esos bienes, hay que pedir autorización a ambas instituciones.

La lista de bienes aislados propuestos por la intendencia como "de interés municipal" entre parques, edificios y otros íconos de la ciudad ronda los 150. Más de 800 ya son monumento histórico, como el Palacio Salvo.

Los niveles de importancia dentro del catálogo de la Unidad van de 0 a 4, siendo cero una propiedad sin valor que se recomienda sustituir, hasta 4, que generalmente coincide con edificios con posibilidades de volverse monumento histórico.