Detienen en Venezuela al dueño de globovisión

Denuncia. Fue atrapado por criticar a Chávez ante la SIP; condena mundial a la medida

 20100325 600x400

CARACAS | AFP Y EL NACIONAL / GDA

El presidente del canal Globovisión, Guillermo Zuloaga, fue detenido ayer por supuestamente difundir información falsa y ofender al presidente Chávez, tras unas declaraciones ante la SIP. En la noche fue liberado, pero no puede dejar el país.

Zuloaga "fue denunciado por la supuesta comisión de los delitos de divulgación de información falsa y de ofensa o vilipendio al presidente de la República", explicó la fiscal general Luisa Ortega. "El Ministerio Público estaba investigando este caso cuando tuvo conocimiento de que el empresario pretendía evadirse de la justicia y por eso procedió a emitir la orden de captura", agregó.

La decisión judicial se basa en unas declaraciones hechas por el presidente de Globovisión -canal muy crítico del gobierno- el pasado fin de semana en la isla de Aruba, en las que acusó a Hugo Chávez de ser responsable de la muerte de venezolanos durante el golpe de Estado fallido que lo sacó 2 días del poder en 2002.

El arresto fue en el Aeropuerto Internacional "Josefa Camejo" cuando Zuloaga hacía los trámites de aduana para volar en su avión privado hacia la isla caribeña de Bonaire (Antillas Holandesas) en un viaje familiar. Sin mostrarle ningún documento, un funcionario de la Dirección de Inteligencia Militar vestido de civil le informó que la Fiscalía General había emitido una orden de captura en su contra y que una comisión policial ya estaba en camino para buscarlo y trasladarlo a los tribunales.

Zuloaga fue trasladado a Caracas donde, tras comparecer ante un juez, se decretó su puesta en libertad aunque con la prohibición de salir del país debido a los cargos que se le imputan. "Es un atropello más", dijo Zuloaga por teléfono a su canal de TV. "No tengo intenciones de irme de Venezuela ni ahora ni más adelante", agregó. Los delitos por los que lo detuvieron conllevan penas de entre 3 meses y 5 años de cárcel.

El martes, el plenario de la Asamblea Nacional, constituido por una mayoría de diputados chavistas, aprobó un acuerdo para rechazar las declaraciones ofrecidas por Zuloaga en la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). El Parlamento también le extendió una "invitación" al Ministerio Público para que iniciara una averiguación penal contra el empresario.

"Hay delitos que está cometiendo el señor Zuloaga, que no es información, no es su opinión, es delito. Se está cometiendo un delito no sólo acusando al Presidente, sino que esa acusación cae en contra de nuestras instituciones, nuestro pueblo, nuestra República", declaró Cilia Flores, presidenta de la Asamblea Nacional.

Esta es al menos, la segunda oportunidad en que la bancada oficialista pide sanciones penales contra el presidente de Globovisión. En mayo de 2009, por solicitud de la Asamblea Nacional, la Fiscalía General imputó a Guillermo Zuloaga -también propietario de varios concesionarios de automóviles- por el delito de "acaparamiento" de 24 vehículos. Además, fue acusado de viva voz por el presidente de "conspirar" contra su Gobierno.

REACCIONES. Los comentarios a la detención de Zuloaga no se hicieron esperar. "El gobierno está mandando un mensaje y es que no podemos opinar, que nos autocensuremos", declaró en un comunicado el partido opositor Un Nuevo Tiempo.

Por su parte, el editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, denunció que en el país "el delito de opinión se está convirtiendo en una manera de llevar a la gente que se opone al régimen a la cárcel".

Otero hacía referencia a que esta misma semana fue detenido el dirigente opositor Oswaldo Álvarez Paz, acusado de conspiración y difusión de información falsa por unas declaraciones realizadas en televisión. Tanto en el caso de Álvarez Paz como en el de Zuloaga, la Asamblea Nacional solicitó a la Justicia que investigara las declaraciones.

Zuloaga "hizo una serie de afirmaciones sobre el presidente Chávez, señalando que había sido responsable de `echarle plomo a los venezolanos`", explicó Ortega. "La Asamblea estableció que esto era una falta de respeto contra la más alta autoridad venezolana y pidió una investigación", agregó.

Desde Montevideo, la Asociación Interamericana de Radiodifusión (AIR) condenó "la nueva persecución judicial" del Gobierno hacia Zuloaga "por ejercer su derecho a opinión".

"El mecanismo de iniciar procesos judiciales por supuestos delitos en contra de los líderes opositores, periodistas y defensores de los Derechos Humanos se ha convertido en un instrumento recurrente en Venezuela para amedrentar y acallar cualquier voz crítica hacia un régimen que está entrando en una etapa de preocupante radicalización", señaló el presidente de AIR, Luis Pardo Sainz.

El canal de televisión privado Globovisión, al que Chávez ha llamado "terrorista mediático", tiene abiertas numerosas causas administrativas en su contra y fue amenazado varias veces con el cierre por parte de funcionarios del gobierno. El canal sostiene que las acusaciones tienen un cariz político.

Las cifras

5 Son los años de cárcel a los que podría ser sentenciado Zuloaga por los delitos de divulgación de información falsa y vilipendio.

4 Son las acusaciones que tiene Zuloaga. Además de las de ayer tiene una por acaparamiento de autos y otra por conspiración.

CONDENAS DE LA OEA Y LA CIDH

"Me preocupan las repercusiones políticas nacionales e internacionales de esta situación, y por ello solicito a las autoridades venezolanas la pronta liberación del señor Zuloaga". En un comunicado, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, instó a que un eventual juicio al empresario "se haga respetando la presunción de inocencia y otorgándole todas las garantías que la ley le asegura".

En la misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticó la "falta de independencia y autonomía" del Poder Judicial, que es "uno de los puntos más débiles de la democracia en el país. "Es esa falta de independencia la que ha permitido que en Venezuela se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de Derechos Humanos", dice un comunicado difundido ayer.

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar