Prevén abrir centros de amparo para drogadictos

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EDUARDO DELGADO

El gobierno prevé instalar centros de amparo barriales que den atención a personas con problemas de adicción a las drogas. Se brindará asesoramiento a sus familiares y se fomentará la participación de los vecinos.

"Serán enclaves comunitarios donde se coordinen distintos recursos a nivel local, convocando a los vecinos para que ayuden a las familias y para que la persona que tenga un problema disponga de un lugar adonde recurrir. Después, trataremos que siga para iniciar el tratamiento", explicó el secretario de la Junta Nacional de Drogas (JND) Milton Romani.

El funcionario aseguró que el objetivo del gobierno de José Mujica -que durante la campaña electoral dijo ser partidario de tratamientos drásticos con los adictos jóvenes en base a la internación forzosa y el trabajo- es "fortalecer la red de tratamiento y los mecanismos de prevención a nivel educativo y laboral", expresó Romani al ser consultado por El País.

Destacó que "lo más importante" es desarrollar la tarea preventiva en los barrios. Ese trabajo, según dijo Romani, implicará que "en los lugares más complicados haya vecinos, clubes juveniles, que estén el Mides, las intendencias y otros organismos, para crear centros de inclusión social donde haya reducción de daños por el efecto de las drogas".

En definitiva, serán lugares que servirán de "punto de referencia" donde las personas que tienen problemas de adicción a las drogas recibirán "un conjunto de herramientas para que puedan salir a trabajar, a estudiar, y que sea un recurso para que padres y madres puedan ir a buscar ayuda".

"Si logramos esto, creo que sería un avance importante", agregó Romani. Según explicó, estos centros deberán tener un funcionamiento similar al que existe en el programa Comuna Mujer que lleva adelante la Intendencia Municipal de Montevideo, donde se atienden casos de violencia doméstica y de exclusión social de la mujer.

En Europa el modelo de "reducción de riesgo" implica en muchos casos la existencia de "salas higiénicas e inyecciones de metadona o de heroína", lo que es de "impensable" aplicación en Uruguay, dijo Romani.

"Pero reducción de daños en América Latina, puede significar lo que llamamos dispositivos de baja exigencia a nivel barrial y comunitario, donde se dé cobertura y amparo al tipo que está fundido, sin pretensión primaria de que deje de consumir o que esté en abstención total", explicó Romani, aunque aclaró que el sistema proyectado "no quiere decir que las personas vengan a usar la lata en los centros de amparo".

ABSURDO. Para Romani, "pretender que haya un mundo libre de drogas es un absurdo porque las drogas existen y existieron siempre".

"Los hombres y mujeres hemos recurrido a ellas en sentido religioso, festivo, y algunas de ellas han traído una gran calma al dolor del alma y del cuerpo, como los opiáceos", dijo el secretario de la JND.

El funcionario opinó, además, que "no se puede demonizar todo" y que sólo los consumos que "generan problemas" son los que merecen "el objeto de las políticas públicas", sentenció Romani.

Centros: se buscará que sean un "punto de referencia" tanto para el adicto como su familia.

El secretario de la Junta Nacional de Drogas (JND), Milton Romani, considera que se debe promover el debate sobre la proporcionalidad entre el daño y la pena. En tal sentido, entiende que la represión debe concentrarse en el crimen organizado y el lavado de dinero, y no en perseguir a los consumidores.

"Hay países que tienen pena de muerte para el consumo; me parece una barbaridad porque en vez de estar administrando justicia con equidad se está haciendo macanas y generando resistencias en sectores de la población", expresó Romani en diálogo con El País.

"Si tenemos la fuerza del Estado y la desperdigamos persiguiendo consumidores, estamos siendo poco eficientes", consideró el funcionario, que también ocupó su actual cargo en la JND durante la administración de Tabaré Vázquez.

Según Romani, existen elementos que hacen pensar que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pretende revisar la política de drogas de su país y también a nivel regional.

Y en ese contexto, Uruguay promoverá el debate "a nivel hemisférico y mundial" en virtud que se trata de "un país chiquito con prestigio en política de drogas y que es mirado y respetado incluso por los que no están de acuerdo con nuestra posición", explicó el jerarca.