Se anuncia la renovación de los automotores con que cuenta el Ministerio del Interior. Tal vez sea necesaria, teniendo en cuenta el desgaste que sufren patrulleros y otros vehículos que, se presume, están involucrados en la lucha contra el delito. Sin embargo, la ocasión es buena para preguntarse dónde estamos parados en materia de locomoción estatal. ¿Cuántos autos hay? ¿A qué servicios están afectados? ¿Cuáles son prescindibles? ¿Dónde hacen falta más?
El Estado posee miles de vehículos, que cuestan muchos millones de dólares al año. Pero, ¿cuáles son las realidades exactas? ¿No sería bueno que se diera a conocer la política oficial relativa a medios de transporte de uso oficial, incluyendo no sólo la Administración Central sino también Entes y Servicios Descentralizados?
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