No es una resolución presidencial, ni un decreto con firma, pero la primera comunicación en la página web de la nueva Presidencia de la República es el nombramiento de 10 funcionarios en la Junta Nacional de Drogas.
No se trata de nuevos empleos públicos sino de extensiones de contratos por otros seis meses y en su mayoría son técnicos que trabajan en el sistema carcelario, se indicó a El País en ese organismo. La vigencia de esos contratos es entre enero de 2010 y junio de este año por lo que la resolución parece algo que quedó en el tintero de la pasada administración.
Los funcionarios están contratados en el marco del Proyecto UNA-ONU a través de la Agencia UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) con salarios de entre $ 7.000 y $ 8.500.