De cacería

Como si salieran a una partida de caza, los inspectores de tránsito se lanzaron a las calles ávidos por capturar autos matriculados en el interior, en especial en Colonia y Flores. Emboscados en sitios estratégicos, detuvieron vehículos, exigieron documentos a los choferes, los interrogaron y discutieron.

Según los casos, los inspectores resolvieron en el lugar si la patente del auto era la correcta. Así, mientras algunos conductores sortearon la prueba otros muchos fueron emplazados a concurrir a las oficinas de la comuna a probar que tienen residencia en el interior o que allí poseen intereses económicos.

A una ley tildada de inconstitucional como la que otorgó estas facultades a la comuna, se agrega la actitud de los inspectores rayana en la ilegalidad, pues es discutible su potestad para someter al conductor a un interrogatorio así como la posibilidad de decidir por sí y ante sí quién está en infracción. Se dirá que tal juicio del inspector es provisorio y que el emplazado tiene otra instancia para aclarar su situación en las oficinas municipales, pero la pérdida de tiempo y las tribulaciones que padece el ciudadano, señalado casi como si fuera un delincuente, están yendo demasiado lejos.

Esto sucede después que el cuerpo de inspectores se tomó su tiempo para negociar los detalles de su incursión contra los conductores.

Una negociación en donde, por supuesto, el interés de esos funcionarios radicaba en asegurarse su propia posición, cerciorarse de la legalidad de este operativo de tono policial y, sobre todo, confirmar que cobrarán para su bolsillo más de un tercio de las cuantiosas multas impuestas a los infractores.

Como siempre, el derrotado es el ciudadano.