Inspectores se garantizaron el respaldo para fiscalizar

Finalmente los inspectores de Montevideo acordaron los respaldos necesarios con la administración para fiscalizar los empadronamientos en el Interior. Hubo un incidente callejero con un funcionario pero no estuvo vinculado a las patentes.

A minutos de renunciar a su cargo, el ex intendente Ricardo Ehrlich firmó ayer un documento con Adeom en el que se establecen los respaldos que los inspectores de tránsito reclamaban para hacer la fiscalización de las patentes de rodados.

En el documento, al cual tuvo acceso El País, se deja en claro que toda responsabilidad por el procedimiento que vienen realizando los funcionarios en las calles "es institucional".

De esta manera, la administración se comprometió "a brindar asesoramiento legal y/o patrocinio civil y/o penal a los funcionarios", en el cumplimiento de la ley de empadronamientos que Adeom ha reconocido es "altamente impopular".

El documento señala que el respaldo institucional abarcará "el asesoramiento a los inspectores, la presencia física del abogado en seccional policial o juzgado cada vez que un funcionario sea demorado por cumplimiento de la función, las 24 horas, los 365 días del año, y el patrocinio letrado en caso de denuncias o reclamos infundados por no existir culpa del funcionario".

La Intendencia también se comprometió a aplicar el artículo 306 de la Constitución de la República, que establece que "la fuerza pública prestará su concurso a las Juntas e intendentes municipales y a las Juntas Locales, siempre que lo requieran para el cumplimiento de sus funciones".

A opinión del abogado Gonzalo Aguirre -expresada en el suplemento Economía & Mercado de El País el 1° de febrero-, si un inspector municipal acompañado de un policía, solicita la exhibición de la libreta de propiedad y la constancia de domicilio, "no es aconsejable contestar que no se está obligado a exhibir documento alguno, porque en caso de ser reincidente, le van a aplicar las sanciones previstas en la ley, además de arriesgarse a incurrir en el delito de desacato".

REUNIONES. El presidente de Adeom Álvaro Soto manifestó a El País su satisfacción por el acuerdo alcanzado, aunque informó que quedaron "puertas abiertas para seguir conversando sobre puntos que nos preocupan".

En el documento se establece además que la administración mantendrá reuniones con autoridades del Ministerio del Interior, con el fin de coordinar formas de actuación ante cualquier denuncia presentada. "En las mismas se definirán directrices a efectos de encausar las denuncias que puedan formularse, sin generar molestias y trámites innecesarios que dificulten las tareas del inspector y procedimientos para la solicitud de auxilio (...) en caso que algún contribuyente muestre resistencia", se señala.

Y se enfatiza, en la parte final, el funcionario al que se le encomienda la fiscalización "actúa por orden y en representación del gobierno departamental, por lo que los actos realizados dentro de su competencia nunca pueden ser considerados delitos ni implicar responsabilidad civil personal".

INCIDENTE. El jueves, un inspector resultó lesionado en una mano tras un incidente con un conductor. Según se informó desde Adeom, el episodio no estuvo vinculado a la fiscalización de las patentes. El inspector solicitó la detención del vehículo por pasar con una luz roja y transitar por la senda exclusiva para ómnibus, pero el conductor hizo caso omiso y arrancó bruscamente, golpeando con el espejo retrovisor la mano del funcionario.

Dificultades para obtener la "baja"

Varios de los conductores con matrícula del interior que fueron interceptados por inspectores municipales ayer, adujeron a los fiscalizadores que habían hecho las consultas en sus departamentos de origen, pero no les daban la baja. Esta es una condición necesaria para poder volver a empadronar el vehículo en otro departamento. "Me quise ir de San José y no me dan la baja", afirmó el conductor de una camioneta al inspector, frente a una cámara de Subrayado. "Hace 20 días consulté en Artigas, donde estoy empadronado, y no me dan la baja porque están esperando una resolución", sostuvo el propietario de otro auto que, además, dijo cuál era la diferencia de precio entre lo que paga ahora en Artigas y lo que ya había averiguado en Montevideo: de $ 10.000 a $ 20.180.