25 años después

Julio María Sanguinetti

En noviembre de 1980, el pueblo uruguayo derrotó el proyecto constitucional de la dictadura en un memorable plebiscito en que la gente votó negativamente pese a la masiva propaganda oficialista que ofrecía ese camino como única salida posible hacia la democracia. Tarigo y Pons Echeverry dejaron para siempre el recuerdo de aquella célebre polémica con los Dres. Bolentini y Viana Reyes, defensores de la propuesta oficial. El sistema electoral funcionó, nadie trampeó su resultado y el régimen de facto asumió que ese era el fin de su "cronograma" y debía iniciar otro camino.

Puede decirse que allí comenzó la transición uruguaya, el proceso de salida hacia la democracia.

Dos años después, una elección interna instaló autoridades nuevas, votadas por el pueblo, en los dos partidos fundacionales. El Frente Amplio aún no estaba habilitado, pero la politización del ambiente que dejó como legado esa campaña, había abierto las compuertas de un debate plural.

Se inició entonces una larga pulseada, culminada en el Pacto del Club Naval, que llevó a la elección de noviembre de 1984. A ella concurrieron todos los partidos políticos nacionales y el 1º de marzo de 1985 se inauguró el nuevo gobierno que tuve el honor de presidir.

Dentro de ocho días, entonces, se cumplirán 25 años de aquella jornada memorable, que congregó en la Asamblea General a gobernantes del mundo entero, que iban desde Raúl Alfonsín a Felipe González, desde el Secretario de Estado George Shultz hasta el Presidente de Nicaragua Daniel Ortega, líder de una revolución sandinista enconada con los EE.UU.

En el medio del hemiciclo, Wilson Ferreira y Seregni, a quienes se había impedido participar personalmente de la elección, testimoniaban con su presencia el espíritu que les animaba para colaborar en la difícil reconstrucción nacional.

Las tensiones eran grandes. Los Comandantes en Jefe Hugo Medina, Rodolfo Invidio y Manuel Buadas, también presentes, habían participado de las negociaciones del acuerdo, suscritas por ellos con los delegados colorados, cívicos y frentistas. Notoriamente, sin embargo, vastos sectores militares no estaban conformes y, en general, el mundo castrense sentía el natural temor a una oleada de revancha.

A su vez, las cárceles todavía albergaban presos tupamaros, que motivaban airados reclamos de amnistía de los sectores más radicales. El propio Presidente que asumirá este 1º de marzo, José Mujica, estaba preso desde antes de la dictadura, juzgado por los magistrados civiles, fugado y recapturado en cinematográficos episodios.

El hecho es que aquel día, que hoy parece tan lejano, fue de alegría y festejo. Desde Perales y el Puma Rodríguez hasta las rumberas de Tropicana, enviadas por Fidel Castro, animaron ruidosas fiestas populares.

Pero quienes teníamos la responsabilidad, conocíamos otra realidad: el PBI había caído un 14% en los tres años anteriores y debían atenderse pagos de deuda externa equivalentes al 90% de las exportaciones nacionales. Peor aun: sabíamos que en la banca existían situaciones críticas que podían estallar en cualquier instante y arrastrarnos en una caída libre. Las quiebras efectivamente vinieron, pero varias semanas después, y se fueron manejando paso a paso, interviniendo el Estado las empresas y manteniéndolas bajo el derecho privado, más o menos como se ha hecho ahora en la crisis mundial.

La actividad económica fue creciendo y alcanzó un 20% en los cinco años del gobierno, mientras que la masa salarial aumentó mucho más aún: un 49%. No se han registrado nunca más subas de esta naturaleza y, alcanzada la normalidad, quizás no se repitan.

El hecho es que así se redujo la pobreza de un 47% a un 26,6% del total de la población, la mayor baja de que haya registro. Pensemos simplemente que en estos cinco últimos años de bonanza, con un crecimiento del 32% en la actividad económica, apenas se bajó del 30% al 22% y hoy sigue habiendo más pobres que en 1994, cuando terminó Lacalle su gobierno, y que en el 2000, cuando finalizó nuestro segundo mandato.

Más allá de números, lo importante es que el país se pacificó. El 8 de marzo de 1985 se votó una amnistía y el 14 estaban afuera todos los presos por delitos políticos o conexos con la política, aunque fueran de sangre, y amnistiados los cientos de responsables que nunca habían estado presos. Frente a una Argentina con levantamientos militares y terroristas, violentos y sangrientos, el Uruguay transitó aquel tiempo en paz.

Hasta el punto de que puesta a referendum la ley de caducidad que amnistió a los militares, en abril de 1989, fue ratificada, como ahora en la última elección, un cuarto de siglo más tarde, en que volvió a ser legitimada, pese a la obstinada pasión revanchista de un grupo de uruguayos que no quiere asumir la moral de una transición que le dio lugar a todos, una moral que dice que no puede haber perdón para unos y castigo para otros, una moral política incluso que impondría ya, definitivamente, abandonar esa obstinada persecución contra una ley equivalente a la otra amnistía y que nadie podrá decir hoy, de buena fe, que no produjo su resultado pacificador.

Esa paz abrió el camino. Uno tras otro, se alternaron tres gobiernos colorados, uno blanco y uno frentista. Siempre dentro del Estado de Derecho. Habrá quienes puedan discutir algún aspecto de esa transición, pero comparada con la violencia que vivió Argentina y la sobrevivencia de Pinochet, como Comandante del Ejército y luego Senador, que hubo de soportar la democracia chilena, nadie dudará que la uruguaya fue la más ejemplar. Como se juzga internacionalmente en todos los estudios objetivos que de este período se hacen.

¿Por qué no reconocerlo cuando ya es historia?