A los ponchazos

Mucho se ha criticado al primer gobierno frentista su espíritu "fundacional". Haberse lanzado a imponer reformas radicales sin medir oportunidad, conveniencia, ni opiniones ajenas. Pues termina como empezó.

La aprobación de una ley de descentralización que cambiará profundamente el mapa político nacional, a 12 días del fin de la legislatura, a menos de 90 de la elecciones municipales, y con la opinión en contra de toda la oposición y la Corte Electoral (incluidos los representantes oficialistas) solo puede calificarse como un capricho absurdo que costará muy caro al país.

La ley establece, entre otras cosas, la creación de municipios, o sea circunscripciones autónomas dentro de los actuales departamentos en aquellas poblaciones con más de 2 mil habitantes, que serán gobernados por alcaldes electos por voto popular. Con esto se busca, se dice, fomentar la participación ciudadana y acercar a la autoridad departamental a la gente. ¿Es esto tan así? Hay razones para dudarlo.

Para empezar no están claras cuáles van a ser las competencias de estos "alcaldes". La ley les atribuye un amplísimo marco de responsabilidades que van desde todo lo relativo a la vialidad y el tránsito, hasta la recolección de residuos y el servicio de los cementerios. O sea, el núcleo duro de lo que hoy hacen las intendencias. ¿Cómo coordinarán estas actividades con las intendencias? ¿Quién se impondrá en caso de diferencias con el jefe comunal? ¿Cómo se organizarán estas actividades para que no se superpongan en un mismo departamento? Nadie lo sabe.

Otro aspecto complejo es el tema del financiamiento. Según la norma el mismo provendrá de dos fuentes; fondos que les designen, discrecionalmente, los gobiernos departamentales, y recursos que les asigne el Presupuesto Nacional. O sea que, repitiendo (agravado) el drama de las actuales intendencias, se le atribuyen una cantidad de responsabilidades, pero sin una fuente de financiamiento genuina y propia. Traducido, para cumplir sus funciones dependerán de la caridad del intendente y del gobierno de turno.

Este el gran drama del Uruguay. No es que existan tantas carencias en materia de descentralización política, en un país minúsculo que ya se encuentra dividido en 19 departamentos con abundante autonomía legal. Es que esa autonomía les exige una cantidad de cometidos sin que se les atribuya un financiamiento acorde. Como prueba de esto ahí está el interminable lío de las patentes. Y esta nueva ley agrava el problema.

Pero estas cuestiones que ponen en jaque el fondo mismo de la cuestión, parecen banalidades en comparación con otros dos temas que la aplanadora oficialista en las Cámaras decidió ignorar. La primera, que estando a menos de 3 meses de las elecciones, la Corte Electoral ha advertido que no tiene ni tiempo para reglamentar el procedimiento, ni medios para realizar el proceso con un mínimo de seriedad. La segunda, el "detallecito" de que se está votando una ley con evidentes aspectos electorales, sin respetar las mayorías que exige la Constitución y violando la autonomía municipal. Con lo cual ahora se presentarán recursos ante la Suprema Corte que probablemente serán resueltos una vez pasado el acto electoral, lo cual puede degenerar en un caos sin precedentes.

Ante todo esto uno no puede menos que preguntarse ¿era necesario a esta altura del partido hundir al país en debate tan complejo y problemático? ¿Había apuro en sacar una ley tan trascendente a las apuradas y sin escuchar las sugerencias de nadie? Sabiendo que el oficialismo mantendrá su mayoría en el próximo período, y que se trata de un tema que en espíritu es compartido por todos los partidos, ¿no era mejor esperar y lograr una ley técnicamente mejor y con un amplio respaldo político y popular?

Días antes de que se votara la ley, el presidente electo José Mujica admitía que ésta "tiene elementos complicados que pueden generar dificultades". Y su principal socio político, el senador comunista Eduardo Lorier afirmaba que "existen dificultades de implementación, por lo que se hará lo que digan los expertos de la Corte". "No estamos cerrados".

La realidad está diciendo otra cosa.