Peligrosa Ley

FRANCISCO FAIG

La llamada ley de descentralización aprobada por el Parlamento en estos días, es problemática en su aplicación y grave institucionalmente.

Es institucionalmente peligrosa. Se aprobó una reforma electoral que impone cambios sustanciales en la arquitectura política del gobierno de la República, sin respetar el exigente requisito de cumplir con los dos tercios de votos del Parlamento.

Aceptar el antecedente de aprobar leyes, en tema tan sustancial como el electoral, por mayoría simple, abre la puerta a reformas futuras de imprevisibles consecuencias que violentan claramente la Constitución, y ponen en tela de juicio todo el orden republicano de gobierno. ¿Por qué no mañana, aprobar el voto epistolar por ley de mayoría simple? ¿Por qué no entonces una reforma en la cantidad de ediles de la Junta de Flores, también a través de ese mecanismo?

Evidentemente, la ley se expone a un reclamo por inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, que ya anunció llevará adelante el Partido Nacional. ¿Alguien se puso a pensar en las consecuencias de un fallo de inconstitucionalidad que se produzca luego de la votación de mayo? La Corte Electoral debería anular elecciones de alcaldes por inconstitucionales, y por tanto, se generaría una grave crisis institucional y política.

La garantía institucional y democrática de la mayoría parlamentaria especial y exigente para aprobar reformas electorales no se forjó en casualidades históricas. Fue consecuencia de acuerdos sustanciales en las primeras décadas del siglo XX, que ayudaron a pacificar grandemente al Uruguay luego de sus revoluciones, y que sentaron las bases de una convivencia política diferente y mejor que la verificada en el resto de los países latinoamericanos.

Romper con esa lógica, desecharla de un plumazo en el apuro y la distracción del verano, es sin duda la herencia más pérfida que la administración Vázquez deja al país.

Obnubilarse por la obtención de algún cargo de alcalde rentado en San Ramón, Young, La Paloma o Paso de los Toros, y creer que de esa forma se fomenta la descentralización y se fortalece la posición nacionalista que siempre apoyó el principio político favorable a los gobiernos locales, es privilegiar el cálculo menor y desatender los riesgos institucionales que esta reforma encierra.

Porque además, se trata de una reforma de aplicación problemática. ¿Cuál es el alcance de la función del alcalde? ¿Qué relación tendrá con la administración de la Intendencia? ¿Ante quién será responsable un alcalde que no responda a las lógicas de integración de los partidos políticos? ¿Qué contralor podrán ejercer los concejales? ¿Qué papel tendrá la Junta Departamental con relación a la fiscalización de alcaldes y concejales? ¿Cuál es la autonomía del presupuesto de ese municipio y qué relación tendrá con el contralor del Tribunal de Cuentas? Son demasiadas interrogantes que quedan abiertas. Todas esenciales para el mejor manejo de la administración pública.Esta reforma no descentraliza ni mejora la gestión. Aumenta el gasto y enreda responsabilidades.