Cristina Kirchner critica a la justicia

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BUENOS AIRES | LA NACIÓN/GDA

La jueza Sarmiento decidió que las apelaciones del Gobierno por el caso del Banco Central tengan cauce ordinario, lo que pone un freno a la situación, y la presidenta Cristina Fernández acusó a la Justicia de conspirar contra su plan de gobierno.

La jueza en lo contencioso administrativo, María José Sarmiento, recibió ayer las apelaciones del gobierno a sus fallos sobre la restitución de Martín Redrado como titular del Banco Central y sobre la medida cautelar de impedir el traspaso de fondos del mismo banco hacia el Tesoro de la Nación.

Tras recibir el documento, Sarmiento transformó el procedimiento en "ordinario", según lo recomendó el jefe del Pro en Diputados, Federico Pinedo.

Ese cambio formal tiene consecuencias temporales y políticas clave para el trámite de las apelaciones: la medida implica que la magistrada no tendrá que expedirse en un plazo máximo de 48 horas -como corresponde en una medida cautelar- sino que podrá tomarse el tiempo que considere necesario.

Además, implica que las cosas seguirán como están hasta que la jueza decida sobre las apelaciones. Es decir, no podrán tomarse los US$ 6.500 millones del Central y Redrado seguirá al frente de la entidad.

Todo parece indicar que el asunto llegará a Cámara en lo Contencioso Administrativo recién la semana que viene.

Mientras se espera la resolución a las apelaciones, la presidenta Cristina Fernández volvió a defender la decisión de su gobierno de tomar reservas y criticó a la Justicia, acusándola de tomar decisiones políticas.

"Hay una formidable maniobra política y mediática con la ayuda de algunos sectores de la Justicia, porque para que haya judicialización de la política tiene que haber jueces que tomen decisiones políticas", sentenció la presidenta.

Fernández también afirmó que la decisión de la jueza de reponer a Redrado al frente del Central es una "decisión que más que jurídica es política".

"La Argentina necesita imperiosamente salir del default para que las empresas puedan conseguir financiamiento más barato en el mundo", dijo ayer Fernández. "Este es el objetivo de esta presidenta al crear este Fondo y sé que algunos quieren que sigamos tomando deuda a tasas mayores".

En una nueva alusión a la Justicia y a la oposición política, la mandataria señaló a "algunos que quieren que vuelva a pasar" lo que sucedió en 2001, cuando su país se declaró en default.

En tanto, Redrado presentó otra apelación ante la jueza para pedirle que revise la actuación del gobierno y de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que recibió el documento del Ejecutivo el fin de semana y en plena feria judicial.

"Hemos denunciado irregularidades en la presentación de apelaciones a la Cámara", explicó uno de los abogados del presidente del Central, Ezequiel Cassagne.

En el día de ayer, Redrado también nombró a Paul Planes como nuevo gerente general del ente, después de que Hernán Lacunza fuera removido el viernes por el vicepresidente.

En medio de las pujas por la conducción del Banco Central y la liberación de reservas para pagar vencimientos de deuda, la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings advirtió que estos conflictos podrían dañar la calificación de los bonos argentinos. Si esta situación se prolonga podría poner en peligro las políticas fiscales y monetarias y la credibilidad institucional, aseguraron ayer desde Fitch.

"La continuada erosión de la credibilidad macropolítica y la intensificación de las tensiones políticas podría eventualmente acarrear implicaciones negativas para la calificación de los bonos argentinos" en moneda local y potencialmente para la deuda posdefault, dijo Casey Reckman, director del grupo de deuda soberana de Fitch.

"Esto es particularmente el caso si se incrementa la salida de fondos, la moneda cae bajo mayor presión y se desploma el nivel de reservas", dijo en referencia a la disputa por transferir US$ 6.500 millones. LA NACIÓN/GDA

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Antes del habitual comienzo de las sesiones del Parlamento, en medio de la crisis por la titularidad del BCRA y los fondos para el pago de la deuda, el vicepresidente Julio Cobos convocó ayer de tarde a un encuentro entre los presidentes de bloque del Senado.

El único legislador que no acudió a la reunión extraordinaria fue Miguel Ángel Pichetto, el jefe de la bancada del Frente para la Victoria (oficialismo), aduciendo que sólo el Poder Ejecutivo tiene potestad para convocar a sesiones de este tipo en el parlamento.

En la reunión, los presidentes de los bloques reafirmaron "la legitimidad" del encuentro y anunciaron que buscarán "consensos" con el oficialismo para ratificar o rechazar los decretos de necesidad y urgencia. Así lo sostuvo la senadora del peronismo disidente por San Luis, Liliana Negre de Alonso, al término de la reunión.

En el mismo sentido, el senador de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, indicó: "Pretendemos convocar a una sesión en el Parlamento. Pero no lo vamos a hacer solos. Estableceremos una primera instancia para lograr un acuerdo con el bloque oficial. Apelamos a la buena voluntad del oficialismo para que podamos acordar una fecha".

Después de más de tres horas de reunión, los políticos anunciaron sus próximas acciones. Su primer objetivo es convocar a una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores para debatir los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que disponen el traspaso de fondos del Banco Central hacia el Tesoro de la Nación y la remoción de Martín Redrado al frente del Banco Central.

También velarán por que las reservas del Banco Central sigan sin tocarse hasta que el tema sea tratado en el Legislativo. Es probable que el Parlamento también evalúe la conformación de una Comisión bicameral que regule las circunstancias en las que el Ejecutivo emite los DNU. "Si el gobierno no sale de esta espiral de locura, seremos nosotros los que pondremos cordura", dijo la senadora del PJ disidente Hilda "Chiche" Duhalde.

El Fondo del Bicentenario, que originó la crisis institucional en Argentina, podría no constituirse después de todo pues el gobierno de Cristina Kirchner teme que los acreedores internacionales intenten embargar las reservas del Banco Central destinadas a esa caja. Según altas fuentes del Banco Central y del gobierno, en el banco y en el Ministerio de Economía se estudian alternativas más seguras para financiar el gigantesco gasto público.

La Presidenta parece haber admitido los riesgos de saldar deudas corrientes con reservas. Néstor Kirchner -le explicaron- pagó al Fondo Monetario Internacional (FMI) con ese tipo de recursos porque el Fondo le había prestado al Central, no al Tesoro. Por lo tanto, los acreedores del Tesoro -como los holdouts- no podrían quejarse por ser discriminados. En cambio, ella pretende pagar deudas del Tesoro. Es posible, entonces, que el juez Thomas Griesa ordene que ese dinero vaya a los tenedores de títulos impagos. El estudio neoyorquino Sullivan & Cromwell, contratado por Economía, ya había alertado sobre este peligro.

El jefe del bloque kirchnerista en Diputados, Agustín Rossi, admitió esta preocupación y dijo que "hay que tomar todas las precauciones para evitar situaciones que no queremos que se generen, como abrir algún resquicio jurídico". LA NACIÓN / GDA