Antes de la reforma educativa

ALEJANDRO NOGUEIRA

Las elecciones en ANEP y los anuncios del presidente electo acerca del encare de una reforma de la educación marcan que 2010 puede ser un año relevante en una de las mayores asignaturas pendientes del país.

Como una golondrina sin verano, la decisión de la Universidad de la República de flexibilizar el cambio de carrera sin volver a pasar por las horcas caudinas de un nuevo bachillerato, va en el buen sentido de favorecer la transversalidad educativa -lo que debiera generalizarse a todo el sistema terciario- pero es un paso aislado de un contexto reformista global.

La propia Udelar tiene una larga lista de reformas que encarar, especialmente para no ser un servicio educativo elitista -como es-, y para devolver brillos académicos que supo tener y que ya no tiene.

Secundaria debe dejar de ser un filtro que en quinto y sexto año obliga a desertar a miles de jóvenes y debe encarar problemas de gestión que no pasan realmente por ninguna reforma educativa, como el inadmisible ausentismo docente. Después se podrá hablar de cambios en los programas o de liceos de tiempo completo.

Primaria debe ser, antes de cualquier reforma, el gran sistema contenedor social, educativo y material de ese más de 40% de niños en la pobreza que ostenta Uruguay como un baldón. Todos los partidos están de acuerdo en aumentar las escuelas de tiempo completo, para lo que sólo se necesitan recursos y no complejos acuerdos reformistas.

Y si la UTU -ese formidable engranaje de movilidad social- está desbordada de demanda de carreras de fácil inserción laboral y no tiene profesores porque su salario no es competitivo, la solución tampoco pasa por la reforma.

El presidente electo sostiene que la reforma educativa debe ser producto de la participación de los gremios docentes, de los padres y hasta de los gurises. Como es habitual, se confunde la expresión de la ciudadanía con la de los sindicatos, cuando la primera -en un sistema democrático- se manifiesta a través de los partidos políticos y del Parlamento. La polémica ley de educación que hoy resisten los gremios pese al formidable incremento del poder corporativo que les ha otorgado, también fue fruto de un largo proceso participativo y los resultados están a la vista.

Mujica no cree que un grupo de técnicos pueda resolver la reforma, por lo que cualquiera puede preguntarse porqué se convocó a una comisión interpartidaria de expertos para abordar el problema. Ellos no sólo ostentan un elevado nivel técnico, sino que tienen una representatividad que tiene su correlato en el Parlamento electo. ¿Qué más se necesita?

La izquierda, el FA, los sindicatos de izquierda en la enseñanza, que han tenido enorme gravitación en la educación pública en las últimas décadas, debieran encarar esta reforma que se pregona a partir de una enorme autocrítica. Los mediocres resultados de la educación uruguaya los tienen como actores principales. Y el nuevo gobierno, antes de una reforma, deberá ocuparse de que funcione lo que tiene que funcionar y que ya existe.