El peligro creciente

Un cerco va cerrándose. El lunes 28, en los accesos a Montevideo, un ómnibus que circulaba hacia la capital fue apedreado por adolescentes de los asentamientos que bordean la ruta, con el saldo de tres pasajeros lesionados, entre ellos un niño. Ese tipo de agresiones se ha registrado repetidamente, tanto contra ómnibus como contra vehículos particulares, sin que parezca haber remedios a la vista para el peligro que corren en esa zona los viajeros y para la brutalidad del método con que se los ataca. Dentro de un tiempo, de mantenerse la tendencia, no será fácil circular por esa carretera y muchos conductores se sentirán intimidados, configurándose así un virtual asedio a la ciudad.

Sobre el extremo opuesto del plano montevideano, en plena Ciudad Vieja, una pareja de turistas brasileños paseaba por Sarandí y Pérez Castellano (sábado 26, a las 15.30 horas) cuando fue asaltada por tres delincuentes cuyas edades van de 15 a 17 años, dos de los cuales se encontraban bajo el régimen de "libertad asistida". Les robaron una cámara, un celular y otros valores, luego de lo cual los infractores escaparon a pie. La policía intervino y los asaltantes fueron detenidos sobre un ómnibus urbano, recuperándose los objetos robados. El Juez de Adolescentes, empero, dispuso "la entrega de los tres a sus responsables".

Aparentemente, la Justicia emplea con ligereza el vocablo "responsables", que define a quienes ponen cuidado en lo que hacen o a quienes se sienten obligados a responder debidamente por alguna persona. Es dudoso que a los padres de esos adolescentes se los pueda calificar como seres responsables, en momentos en que ha quedado a la vista una de las consecuencias de su irresponsabilidad. Sin considerar el lamentable papel que le cabe a esta ciudad ante turistas extranjeros que vienen a disfrutar de su visita y resultan atacados en la vía pública, a nivel puramente interno habría que reflexionar no sólo sobre la indulgencia judicial sino aún sobre la urgencia en corregir conductas adolescentes y, por encima de todo ello, la necesidad superior de inculcar valores que una juventud marginal ignora, incapaz de razonar sobre los derechos ajenos e incluso sobre la vida y la integridad de los demás.

Tratándose de menores de edad, las infracciones que puedan cometerse van acompañadas de la sensación de impunidad que esgrimen esos adolescentes cuando son detenidos por la policía, invocando a gritos su condición de menores y sabiendo -como en el caso señalado- que entran a la sede judicial por una puerta y salen por la otra. Los verdaderos desvalidos, ante el panorama delictivo que presenta Montevideo, son los ciudadanos trabajadores, productivos y contribuyentes, que figuran como víctimas de una enorme variedad de atentados contra sus propiedades y demás bienes, contra su propia persona y a veces contra su vida. Así ocurre cuando los ancianos que viven solos son golpeados bestialmente durante el copamiento de su casa, cuando los jubilados más frágiles son saqueados en plena calle, cuando las mujeres sufren un arrebato de extrema violencia que puede acarrearles consecuencias perdurables, cuando los comerciantes padecen un asalto a su local.

En tales circunstancias, lo que la gente pierde definitivamente es no sólo el marco de seguridad y de garantías al que debería tener derecho, aunque ese derecho (¿otro de los derechos humanos?) también se ha hecho pedazos. A medida que van aumentando el miedo y la incertidumbre de una población cautiva de los agresores, puede llegar a perderse también la vida. Solamente las víctimas parecen pensar en todo eso, aunque las medidas aplicadas por la autoridad respectiva no están de acuerdo con la gravedad de la presente emergencia. Para explicar el fenómeno no basta con aludir a las penosas condiciones de vida y el desastroso medio familiar en que se desarrollan muchos infractores, porque entre la gente de bien abundan asimismo quienes han tenido una infancia desgraciada y un pasado sombrío, sin que por ello elijan el camino delictivo.