Diga no

GERARDO SOTELO

Mientras el presidente electo sigue con sus aproximaciones y zurcidos con respecto a la reforma del Estado, los intendentes municipales practican con el ejemplo… de lo que no debe hacerse. Como los jerarcas comunales no se ponen de acuerdo o no respetan los acuerdos a los que llegan en materia de patentes, decidieron transferirles a los contribuyentes las consecuencias de su rebatiña con medidas descabelladas e inconstitucionales. Cuanto más se les pregunta a los jerarcas municipales sobre cómo es eso de tener que viajar con una oficina notarial ambulante para acreditar domicilio ante un inspector de Tránsito, más queda en evidencia el despropósito de sus mentores y más bochornoso resulta el procedimiento.

Si bien la sola referencia al asunto del registro de vecindad daría inspiración suficiente a Kafka, la suma de insensatez con desprecio por los derechos del ciudadano e intromisión en la vida privada, la asemejan más a George Orwell y el siniestro aparato de control y represión estatal. Si Kafka retrataba las peripecias del ciudadano que quería cumplir con las formalidades legales y se encontraba con un laberinto, el autor de 1984 lleva el poder represor del Estado y sus instituciones hasta la misma conciencia de sus víctimas. Ya no se trata de cumplir con leyes arbitrarias y liberticidas, sino de aceptar el castigo como algo natural, aun frente a una culpa incierta.

Lo que llevó la "guerra de las patentes" a este grado de represión no fue la actitud de los ciudadanos de cuidar su dinero sino de los propios jefes comunales, que se birlan los clientes , al punto de que algunos dicen tener pruebas de transferencias realizadas con documentos irregulares. ¿Por qué no accionan contra sus pares ante la Justicia?

Según el abogado Alberto Varela, del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios, "lo que establece la ley es que los contribuyentes tienen que hacer una declaración jurada y presentar un certificado notarial en la intendencia pertinente", no andar con certificados encima para ser exhibidos cuando a un inspector municipal le venga en gana. En tal caso, afirma el experto, "lo que tienen que hacer los inspectores que sospechen que ese vehículo está mal empadronado, es dirigirse a esa intendencia y cuestionar que la persona tenga el domicilio que declaró".

Varela no duda en calificar a la Ley 18.456 como inconstitucional ni en decir que los contribuyentes no tienen por qué entregar documentación "privada y confidencial" a los inspectores de tránsito sobre sus lugares de residencia. "El conductor le puede decir al inspector que no tiene ese documento y que tampoco tiene por qué circular con él encima".

Que el Parlamento haya votado una ley con visos de inconstitucionalidad no es algo nuevo pero en este caso, la cofradía política pudo más que el sentido de representatividad ciudadana, acaso porque los parlamentarios saben que en estas tierras, como en la oscura Oceanía de Orwell, muchas personas asimilan el castigo, así las leyes sean injustas y la culpa incierta. Quizás ha llegado la oportunidad de decir basta.