Valioso aporte

Debe considerarse como una valiosa incorporación al ejército de los defensores del Estado de Derecho en nuestro país y de quienes reivindican los valores de una privacidad, groseramente violada por el gobierno en los últimos años, la reciente exposición formulada por Ernesto Talvi, Director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), donde aportó el peso de su objetividad, además de una indiscutible seriedad académica y técnica, en favor de una causa que no puede desatenderse. En momentos en que el gobierno está convocando el apoyo político de la población a una discutible gestión, es oportuno destacar la espontánea coincidencia filosófica y doctrinaria entre quienes piensan lo mismo y no deben permitir que, amparados en departamentos estancos, sean avasallados los derechos humanos de todos los habitantes.

El derecho a la privacidad, tiene su origen etimológico en la vieja expresión latina "privare", como acción de despojar de algo, y su reconocimiento constitucional en el artículo 10 de la Constitución, establecido ya en la Carta de 1830, cuando dice que las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados, en una expresión que desborda el ámbito judicial. A ello debe agregarse el artículo 28, cuando dispone, también desde 1830, que los papeles de los particulares son inviolables, y nunca podrá hacerse su registro, examen o interceptación sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general, todo lo cual ha sido sistemáticamente violado por un gobierno invasor, que amparado en razones recaudatorias o inquisidoras no ha vacilado en lanzarse sobre las empresas vendedoras de automóviles o en los modestos apartamentos de los porteros de los edificios de propiedad horizontal, con el propósito de averiguar quiénes compran autos cero kilómetro, o quiénes alquilan sus unidades al margen de las inmobiliarias.

Son ejemplos menores si se los compara con la proyectada designación de Coordinadores o Comisarios Departamentales como cargos de particular confianza, representantes del Poder Ejecutivo; o de los Coordinadores de Inteligencia -que aparentemente aún aguardan una muerte anunciada pero no concretada-, en una actitud que se pretende incrementar en la ley de presupuesto que tiene a estudio el Parlamento al amparo del ingenuo propósito de ampliar los alcances de la ley N° 18.131 de 11 de agosto del 2008, en la cual se dictaron normas sobre la protección de datos personales, creando una Unidad Reguladora y de Control de Actos Personales, cuyo alcance sigue ampliándose y su órbita de acción continúa extendiéndose y no siempre en el camino correcto. A ellos podrían agregarse la Ley de Alcaldías, claramente inconstitucional; el proyecto que intenta dejar sin efecto tres artículos de la ley de Caducidad, desconociendo dos consultas populares; la peligrosa tendencia a concentrar el Poder en funcionarios de confianza política del Ejecutivo o en corporaciones afines al Gobierno; la reestructura del Ministerio de Defensa otorgando un mayor poder a los civiles, a lo que se acumula una progresiva desmilitarización de las Fuerzas Armadas; o la nueva ley que habilita a levantar el secreto bancario y cargar con el impuesto a la renta de las personas físicas los ahorros de los uruguayos en el exterior, en lo que jocosamente se designó como una tendencia de "streap tease" progresivo.

Hace muchos meses que la prensa viene llamando la atención sobre esos hechos y El País debe reivindicar un papel de pionero en esa campaña de defensa de la privacidad, por lo que debemos destacar hoy esta valiosa incorporación de un calificado Centro, que está celebrando los veinticinco años de su creación, aportando un estatutario e indiscutible peso en defensa de la democracia y la vigencia del Estado de derecho en nuestro país. Nadie puede ni debe permanecer al margen de esta batalla ideológica, por los valores que están en juego y los principios que se encuentran comprometidos.