Cuando algunos sectores del Frente Amplio y grupos sindicales (que es más o menos lo mismo), asumen el papel de Júpiter tronantes para denunciar el feroz atropello que supone para los Derechos Humanos la Ley de Caducidad, lo hacen desde una óptica estrictamente política y limitada en el tiempo y el espacio. No son los derechos humanos de carácter universal, plasmados en el mundo por el pensamiento liberal e inherentes al individuo allí donde ella se encuentre, la causa de sus desvelos; para ellos son sólo las aberraciones cometidas por la dictadura uruguaya y nada más.

No se trata de una cuestión de principios, de defensa del ser humano. Hay una cuota de venganza, por una prédica de años destinada a exacerbar ese sentimiento; hay un factor ideológico muy fuerte, de cuño totalitario, donde el pueblo no decide sino simplemente acata la voluntad de unos pocos. Y hay, además, una adecuada bandera de agitación política, muy aceptada por un mundo de incautos. Jamás se ha visto una condena por episodios similares ocurridos en Cuba, China o cualquier país de la vieja época comunista. Para ellos, el silencio y la indiferencia. Aquí el clamor ensordecedor que se niega a dar vuelta una página de la historia que el pueblo soberano, reclama y aprobó en dos oportunidades.

Hebert Gatto decía el miércoles con contundente claridad que estos sectores, al afiliarse al discurso de la justicia y los derechos no advirtieron que utilizan "una retórica que no les es propia, inscripta en una tradición con la que nunca se comulgó y a la cual se combatió (…). Deberían haber reparado que los derechos se desarrollaron con su enemigo: el liberalismo".

Dada esta inconsistencia -agrega- para ellos lo que está en juego "no son derechos universales, sino sus derechos, los de sus desaparecidos y militantes, sus héroes y mártires. Expresamente demandan justicia para sus víctimas, no para otras. Exigen una justicia que castigue aún si quita derechos a los justiciables, a quienes conciben indignos de perdones y garantías". Solo concibe los derechos humanos "cuando son propios".

Y mientras Gatto reflexionaba así, un hecho, con la fuerza que tienen los hechos recientes, le daba la razón y confirmaba sus conclusiones: la muerte de Mario Bozzatta en una cárcel, en pleno gobierno "progresista". Bozzatta, procesado por rapiña, denunció un esquema de corrupción entre presos y guardias en el Centro Nacional de Recuperación (CNR). Tras su denuncia fue golpeado por otros reclusos, ante la pasividad de la guardia por lo que la jueza Fanny Canessa ordenó que se lo tuviera en aislamiento para preservar su vida. La orden judicial no se cumplió. La celda de Bozzatta fue dejada abierta y el denunciante de corrupción fue hallado muerto. Se quiso simular un suicidio por ahorcamiento, pero fue asesinado.

Tanto la jueza como la fiscal iniciaron una investigación a fondo porque además, las autoridades del CNR tardaron 24 horas en comunicar su muerte ("suicidio" dijeron) a la justicia.

¿Cuál fue la reacción del gobierno progresista? ¿Apoyar la labor judicial que quería esclarecer este homicidio? ¿Indignación por la violación a los derechos humanos de un recluso en situación de indefensión? No. Las autoridades progresistas denunciaron a la jueza y a la fiscal intervinientes por presuntos malos tratos a la directora del CNR durante los interrogatorios sumariales. No les preocupó las denuncias de corrupción de Bozzatta, nos les preocupó las golpizas que recibió, no les preocupó el incumplimiento de la orden judicial de aislamiento, no les preocupó que se haya querido disfrazar su muerte como suicidio, no les preocupó la tardanza en avisar a la justicia, no les preocupó la violación de su derecho a la vida, no les preocupó el asesinato de Bozzatta. Nadie va a salir con un cartel o una pancarta reclamando "justicia" por Bozzatta. El canciller Almagro nunca dirá que episodios así le hacen muy mal a la imagen de un país que se precia de funcionar como democracia republicana, con todas sus garantías.

Los derechos humanos de Bozzatta no son funcionales a la causa "justiciera" del FA. Entonces, nada mejor que decir que la culpa de todo la tienen la jueza y la fiscal porque no fueron corteses con la directora-compañera del CNR y del asesinato mejor no se habla y menos se reclama. Por más que tenga un tufillo insoportable a hipocresía.