Democracia y ley de Caducidad

GUSTAVO PENADÉS

La Mesa Política del Frente Amplio resolvió impulsar una ley interpretativa de la Constitución para anular los efectos de la ley de Caducidad.

Otra vez el asunto de la ley de Caducidad. ¡Parece mentira, pero la ley es del año 1986!

Desde aquel diciembre pasó mucho tiempo. Algunos legisladores, quizás, ni a la escuela iban. Nosotros, militantes juveniles, seguimos con atención la sucesión de reuniones y sesiones parlamentarias que culminaron con la aprobación de la ley. Recordamos a un Wilson que asumía la carga de solucionar un lío del que ni él ni el Partido Nacional eran responsables.

El tiempo pasó. Nadie imaginaba, en aquel diciembre, que uno de los liberados el año anterior por aplicación de la ley de Amnistía -recordamos a Uruguay Turné reclamándola en la primera sesión de la Asamblea General de 1985-, sería Presidente de la República y su esposa la primera senadora del oficialismo.

En 1989, la ciudadanía convocada a votar, dijo claramente: ¡Mantener la ley de Caducidad!

El tiempo pasó. El dolor de unos y el oportunismo de otros removió cielo y tierra para reabrir la discusión. En 2009 se amañó otro plebiscito. La consigna había cambiado: ya no era la derogación sino la anulación. La respuesta fue la misma: ¡No toquen la ley de Caducidad! El electorado no era el mismo. Muchos de los votantes del 1989 habían muerto, y muchos eran los nacidos en democracia. Sin embargo, la ciudadanía dijo ¡no!

Es la hora de que el Frente Amplio hable claro. En 2004 dijo que respetaría la ley de Caducidad, pero después apoyó un plebiscito. Ahora, por un lado dice que debe respetarse lo que decidió la gente, pero impulsa una "ley interpretativa" de la Constitución.

El Frente Amplio siempre por caminos oblicuos y tortuosos: ley interpretativa de la ley de Caducidad; ley interpretativa de la Constitución; una anulación que no es anulación pero se puede interpretar como anulación ¿Por qué no la deroga? ¿Le faltan votos? ¡No! En este y en el anterior período dispuso de los votos necesarios. ¿Qué se busca entonces? La única respuesta es que quiere volver las cosas a diciembre de 1986. O sea: que algunos se puedan "sacar las ganas". El nuevo argumento es la opinión de los organismos internacionales; la "mala imagen" del país al mantener la ley de Caducidad en su ordenamiento jurídico. Ese ordenamiento: ¿no es asunto de los uruguayos?

Cuanto más pasa el tiempo, más claro queda que para los dirigentes del Frente Amplio ya no se sabe qué artilugio legal buscar para retrotraer todo a 1985; y que existe un indudable y mezquino afán de "ajustar cuentas". Pero, lo que es alarmante y central en todo esto, es la alegre soltura con que se desconoce la voluntad de la ciudadanía. El pueblo habló. No habló una vez sino dos. ¿Cómo se atreve el Frente Amplio a reírse de los uruguayos? ¿Cómo se atreve a reírse de los más esenciales y elementales principios democráticos? ¿Es que democracia es buena solamente cuando le sirve?