La ley que salvó al Casmu, complica al FA

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DANIEL ISGLEAS

Hace dos años, el Frente Amplio apuró una ley que iba a permitir salvar al Casmu, con futuro financiero comprometido. Pero esa ley, además, derogó los delitos por los cuales se procesó a los hermanos Dante, José y Jorge Peirano Basso.

Las dos Cámaras legislativas votaron la ley "sobre tablas", es decir, sin tratamiento en comisión ni informe. Todo el proceso llevó menos de dos semanas, del 23 de octubre al 5 de noviembre de 2008.

El 23 de octubre la bancada oficialista del Senado logró hacer ingresar al orden del día, repartir entre los miembros del cuerpo, y votar un proyecto de ley de dos artículos.

El primero modificó la fecha de entrada en vigencia de la ley 18.387, de concursos y reorganización empresarial -conocida como nueva ley concursal-, llevando el plazo de 180 días a 10. Un segundo artículo derogó los artículos 42 a 44 y el 76 de la ley 2.230 de junio de 1893, la antigua ley de concordatos. Los primeros constituían el régimen de responsabilidad civil de los directores de las sociedades que entraban en liquidación o moratoria, y el 76 hablaba de la responsabilidad penal de esos directores.

La iniciativa había sido redactada por el senador nacionalista Sergio Abreu y firmada por los frenteamplistas Rafael Michelini y Margarita Percovich y por el colorado Isaac Alfie.

Según señaló un informe que el semanario Brecha publicó el viernes 13, Abreu declaró que redactó la ley a pedido del ex secretario de la Presidencia y ex ministro de la administración de Tabaré Vázquez, Gonzalo Fernández.

Michelini gestionó el ingreso de la ley a la sala de sesiones, saltando todas las instancias habituales.

Percovich fue la encargada de explicar a sus colegas en qué consistía la ley. En sala, Percovich dio como razón para el apuro que había un acuerdo de los partidos para acortar los plazos de vigencia de la ley y para que no sobrevivieran dos regímenes sobre el delito establecido en la ley de fraudes concursales.

El mismo argumento expuso trece días más tarde en la Cámara de Representantes el diputado oficialista Diego Cánepa, hoy prosecretario de la Presidencia.

También en Diputados la urgencia del gobierno llamó a sospechas. Antes de ser votado, el diputado nacionalista Jaime Trobo advirtió en sala que la abreviación de ese plazo debía tener "algún sentido".

En la misma sesión, su colega nacionalista Pablo Abdala se refirió al tema. "El Sindicato Médico del Uruguay y el Casmu son una sola persona jurídica", explicó Abdala en sala, para añadir que el sindicato trasmitió la preocupación de que un posible proceso concursal "podría llevar a una intervención de esa persona jurídica, y a un desplazamiento de sus autoridades, y por añadidura, a la desaparición del Sindicato".

El primer punto de la ley atañía al conflicto con el Sindicato Médico del Uruguay, que para solucionar la situación que se vivía entonces no apoyaba la salida legal impulsada en el Parlamento sino que prefería la solución de la ley antigua.

"Se nos trataba de perjudicar adelantando la fecha de vigencia para abarcar al conflicto", reconoció a El País el ex dirigente sindical Alfredo Toledo, que participó de aquella negociación. Luego, el Casmu quedó habilitado para crear un fideicomiso, llamó a sus acreedores y negoció en mejores condiciones, recordó Toledo. Esta era la mejor salida para los sindicalistas, subrayó el ex dirigente y actual militante de la gremial médica.

LOS PEIRANO. El segundo artículo de la nueva ley -inadvertidamente para el Parlamento- eliminó los delitos por los cuales la Justicia procesó a los hermanos Dante, José y Jorge Peirano Basso.

En Diputados, el representante nacionalista Álvaro Lorenzo advirtió que se causaría un "zafarrancho jurídico", porque se eliminaba un delito. Lorenzo aseguró a El País que entonces no vinculó el hecho a los Peirano y que, ante sus dudas y a instancias de Abreu, Fernández lo llamó en plena sesión para explicarle. Dijo que le señaló que hacía décadas que no se aplicaba el artículo 76, y que ese delito no aplicaba en el caso de los Peirano. En ese momento no le dio otras razones, pero esto lo decidió a votar la ley.

En el año 2008, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y su centro asistencial Casmu sostuvieron un duro conflicto con el gobierno a causa de la situación financiera de la institución.

El gobierno le había manifestado una y otra vez a las autoridades del Casmu y del SMU su desacuerdo con la intención de presentar a la mutualista a concordato bajo el régimen vigente.

En la ley de concurso y reorganización empresarial que se votó ese año, el artículo 1° abrevió el plazo de entrada en vigencia (de 180 a 10 días), a fin de que abarcara a la mutualista.

En octubre de 2008 la institución presentó una reestructura del pasivo por unos US$ 90 millones al Ministerio de Salud Pública el que no fue tenido en cuenta. La iniciativa apuntaba a la creación de un fideicomiso a través de fondos obtenidos en el sistema previsional de las AFAP y con garantía de las cápitas que la seguridad social vuelca mensualmente a las instituciones desde el Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

El gobierno respondió diciendo que la fórmula de salvataje estaría supeditada a que se cumpliera una serie de requisitos que constituirían su plan de viabilidad.

El enfrentamiento acompañado por medidas de fuerza del sindicato del Casmu se prolongó hasta mediados de 2009. En julio, una asamblea sindical decidió levantar el conflicto lo cual le permitió a la institución obtener los recursos suficientes para generar un ahorro mensual de $ 33 millones, lo que a su vez le abrió paso para acceder al fideicomiso estatal.

El 23 de octubre de 2008, el Senado se reunió en una sesión aparentemente sin grandes temas. A pedido del senador oficialista Rafael Michelini, se alteró el orden del día y se introdujo un proyecto de ley de dos artículos. Con firmas de los senadores del Frente Amplio Michelini y Margarita Percovich, el nacionalista Sergio Abreu y el colorado Isaac Alfie, este proyecto modificó aspectos de la ley 18.387.

El proyecto de ley se aprobó sin debate y sin más consideraciones que un informe verbal, breve, que presentó la senadora Percovich. Entre sus argumentos, dijo que una parte de la ley se hizo para evitar la existencia de "una doble normativa sobre el delito que se establece en el art. 248 de la ley de fraudes concursales".

El 5 de noviembre, es decir menos de dos semanas más tarde, la Cámara de Representantes consideró también "sobre tablas" -o sea, sin tratamiento en comisión ni informe- el proyecto de ley.

En esa sesión y justificando la urgencia, Diego Cánepa, diputado del Frente Amplio y actual prosecretario de la Presidencia, sostuvo que cuando se anunció la presentación del proyecto en sala, "hubo acuerdo de todas las bancadas".

El diputado Cánepa, además, respondió al nacionalista Jaime Trobo que la ley no se había hecho "para ninguna institución en particular". Trobo había planteado que la ley tenía por finalidad apurar una salida al conflicto en el Sindicato Médico del Uruguay.

Más tarde en la misma sesión, el diputado nacionalista Álvaro Lorenzo cambió el foco de la discusión y se centró en la segunda parte de la ley. Dijo que ello tendría consecuencias de tipo civil y penal respecto de los directores de las sociedades anónimas en liquidación, y quedó la sensación de que podía deberse a la situación de los hermanos José, Dante y Jorge Peirano Basso.

Lorenzo puso como ejemplo una hipótesis según la cual, al estar vigente esta modificación legal, si hay un director de una sociedad anónima que hace "un buco enorme en forma intencional, la deja insolvente y se presenta a la liquidación de la sociedad, la misma se liquida, todo el mundo queda patas para arriba y al director de esa sociedad, artífice de la maniobra, no se le aplica un régimen sancionatorio, no tiene responsabilidad civil, y tampoco tiene responsabilidad penal".

Advirtió que sobre el alcance de la ley había consultado al senador Abreu quien le dijo que "el motivo" de esta propuesta "tiene que ver con otra persona que se lo sugirió". Abreu le dijo que le iba a decir a la persona aludida que se comunicara con Lorenzo para darle más explicaciones. Pidió a la Cámara que para aprobar la ley se esperara a tener más información, y para evitar que se generara "un régimen de privilegio", de "exoneración de responsabilidad civil y penal".

Lorenzo dijo que quien lo llamó fue Gonzalo Fernández, en ese momento ministro de Relaciones Exteriores, para explicarle por qué se debía aprobar la ley.