Pensar la participación

Pablo Da Silveira

En áreas tan diversas como la enseñanza y la gestión municipal, el concepto de participación se ha convertido en uno de los ejes ideológicos de los últimos dos gobiernos. Decir que una política pública o un diseño institucional son "participativos" equivale a hacer un elogio que funciona como justificación definitiva.

Dada la frecuencia con la que se apela a esta idea, uno esperaría encontrar mucha reflexión y argumentación acumuladas en torno a ella. Pero no es eso lo que ocurre. La noción de que la participación es buena funciona como un axioma que no merece mayores desarrollos. Parecería que no estamos ante una idea, sino ante un mantra incansablemente repetido.

¿Es verdad que la participación siempre es buena? ¿Alcanza con que una política o un diseño institucional la promuevan para que sean deseables? Y, de manera más profunda, ¿debemos asumir que existe un camino de mejora que nos lleva desde la representación a la participación?

Para aclararnos las ideas sobre el punto, importa empezar por distinguir entre la participación como opción individual o comunitaria y la participación como opción política.

Parece claro que la participación en alguna de sus formas puede enriquecer la vida de un individuo o de una comunidad. En el nivel individual, la participación puede contribuir a dotar de sentido la vida de una persona, a mejorar su autoestima, a desarrollar sus capacidades y a aumentar su bienestar.

En el nivel comunitario, puede esperarse que la participación acreciente la cohesión de un grupo específico, fortalezca los impulsos cooperativos, favorezca el logro de objetivos compartidos y estimule la práctica de valores comunes.

Pero todo esto puede ocurrir al mismo tiempo que nos mantenemos muy alejados de la política. Los impactos favorables de la participación sobre la vida personal o comunitaria pueden ser proporcionados por cualquier experiencia asociativa, incluyendo la pertenencia a una iglesia, una organización vecinal, la militancia en un movimiento de defensa del medio ambiente o la afiliación a los boy scouts. Casi nadie pone en duda que la participación voluntaria en esta clase de ámbitos puede ser positiva. Pero la pregunta es si la participación también debe ser considerada un valor a ser promovido desde el Estado como modelo alternativo (¿mejor? ¿monopólico?) de ejercicio de la ciudadanía.

Muchos defensores de la idea responden por la afirmativa a esta pregunta. Y esa parece ser la orientación de los últimos gobiernos. Pero, a pesar del escaso esfuerzo argumentativo, la cuestión no tiene nada de obvio. Hay razones muy buenas (y muy en línea con la tradición democrática) para pensar que todo intento de sustituir la representación política por la participación es un error potencialmente peligroso.

Oscar Wilde se oponía a los gobiernos participativos (a los que identificaba inadecuadamente con el socialismo) diciendo que su problema es que "exigen demasiadas noches por semana". La frase parece una humorada, pero plantea una pregunta genuina: ¿el gobierno participativo es compatible con las formas de vida que preferimos?