LEONARDO GUZMÁN
El presidente Mujica anotó la reforma del Estado en su agenda de gobernante. No es asunto nuevo. Figuró en el contexto de la Reforma Cambiaria de 1958 -Eduardo Azzini-, en el informe de la CIDE de 1964 -Enrique Iglesias- en la campaña de 1966 -Óscar Gestido-, en la creación de Servicio Civil y de Planeamiento y Presupuesto… Pero en 2010, ¡sigue siendo tema!
Todos quienes piensan por encima de las exigencias de libretos electorales concuerdan en que el Uruguay debe reedificar su Estado, haciéndolo fuerte en sus fines esenciales, honrado y austero en sus gastos, ajeno a toda discriminación partidaria y eficiente para el desarrollo y el ascenso social de los marginados. Nación de unos pocos que forjaron su identidad luchando y sentando doctrina entre colosos, el Uruguay adquirió la independencia cuando juró su Constitución como República. Acaso por eso, traemos en el alma una impronta de Estado ético, que busca justificar la gestión pública en valores superiores.
Por eso, no duran mucho entre nosotros las teorías simplistas que ven al Estado como el mero predominio de fuerzas o clases sociales. Es que tras casi dos siglos vividos con tacuaras, polémicas, separación de la Iglesia y vigencia de la laicidad, luchas ideológicas y pujos de fanatismos que hasta nos crucificaron en guerra interna, vibra en el Uruguay la conciencia superior de que, por encima de lo escrito, en el Estado hay, y debe haber, una ética. Liberal, abierta en sus fundamentos, la conciencia de esa ética debe regir toda reforma del Estado que se intente a fondo.
Si queremos que el Uruguay refleje modelos de avances tan admirables como Finlandia, Nueva Zelanda o Corea del Sur, necesitamos mucho más que reformar la escala de sueldos, discutir el porcentaje del PBI para la enseñanza o definir criterios para entrar al empleo en el Estado. Para eso, debemos devolverle a las instituciones y la vida toda su finalidad y su espíritu, volviendo a impartir las nociones básicas que sustentan el Derecho como un modo personal del ser y no sólo como palabras difíciles sólo descifrables por especialistas.
Si: a fuerza de describir al Estado como un hecho socio-político o socio-económico, muchos han olvidado que el llamado Estado "de" Derecho ES el Derecho mismo. Por lo cual, una reforma del Estado como aparato no bastará nunca para acabar con las malas prácticas si no la precede una ampliación masiva de los sentimientos normativos de los gobernantes, los gobernados, los funcionarios y los ciudadanos todos. Ninguna reforma de los órganos o los procedimientos administrativos o judiciales va a cambiarnos la pachorra, el relativismo y la absurda creencia de que "siempre hay dos bibliotecas", con la cual el Estado se enzarza en pleitos absurdos por negar lo obvio. Ningún cambio en la letra de las leyes va a reconstruir el sentimiento de responsabilidad, sacándolo del estrecho corsé de "¿cómo quedo yo en esto?" y llevándolo al sentido profundo de lo que debe ser, para impulsar cada expediente sintiendo al prójimo como a uno mismo. Y llenar de alma cada decisión no es doctrina de románticos sino practicidad para hoy y para siempre.