E. BARRENECHE / P. BESADA
Novecientos policías perdieron sus ingresos por 222 luego de que la Agencia Nacional de Vivienda suspendiera esta custodia en 600 apartamentos diseminados por todo Montevideo. La mayoría de los inmuebles están en zonas críticas.
"Ahora tendremos que redistribuir ese personal", dijo a El País el jefe de Policía de Montevideo, Walder Ferreira. La pérdida del 222 representa un sobresueldo para el policía que oscila entre $ 5.000 y $ 10.000.
A partir de las siete de la mañana de ayer, la Jefatura de Montevideo y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) acordaron un patrullaje móvil de los complejos desocupados ubicados en zonas críticas de Montevideo. Hasta entonces, los complejos contaban con guardias fijas del servicio 222.
Fuentes gubernamentales indicaron a El País que el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) entregó el 30 de junio formalmente a la ANV la vigilancia de 600 apartamentos.
Los contratos para la vigilancia de los inmuebles fueron concretados entre la Jefatura y el BHU años atrás. Al pasar a la órbita de la ANV, este organismo decidió suspender todos los servicios de custodias fijas de sus inmuebles.
A su vez, el BHU resolvió también cortar con las custodias policiales en los cientos de edificios que posee en varios barrios residenciales de Montevideo. La idea es vender todas esas propiedades en el correr de este año, indicaron fuentes del gobierno.
A partir de ahora, el BHU sólo contratará el Servicio 222 para su sede central.
Las fuentes mencionaron que ni el BHU ni la ANV tienen obligación de contratar Servicios 222 para los complejos como reclaman los vecinos.
Este paso dado por la ANV y el BHU se enmarca en una decisión del gobierno de recortar los servicios 222, los cuales representan erogaciones millonarias para el erario público.
En varias oportunidades, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, planteó que el gobierno pretendía eliminar progresivamente el Servicio 222, que pasaría a formar parte del sueldo mensual de los policías.
Bonomi consideró que, de esa forma, mejorará la calidad de vida de los policías y la eficiencia de la fuerza.
La intención del gobierno es que los servicios que presta el 222 los realicen las empresas de seguridad privada.
En tanto, una fuente policial indicó que funcionarios de una conocida empresa de seguridad concurrieron el miércoles 30 al complejo ubicado en avenida San Martín y Aparicio Saravia, luego de que se retirara la custodia policial.
Según los vecinos, no se había visto en la zona personal de seguridad privada hasta el momento. Ayer los 50 apartamentos de este edificio fueron ocupados por intrusos y hubo varios robos a viviendas del complejo (ver página A9).
Según vecinos del complejo, se está planeando hacer una denuncia en el Parlamento por los episodios ocurridos anteayer en el complejo.
Al ser dados de baja, los propios policías manifestaron su sorpresa por la repentina notificación. Tres policías por turno custodiaban el complejo, por lo cual 12 efectivos quedaron sin esa fuente de trabajo sólo en ese lugar.
El jefe de Policía de Montevideo, Walder Ferreira, señaló que "el contrato fue modificado por la Agencia de Vivienda, y los policías que cumplían el servicio dentro del complejo no lo harán más".
PROBLEMAS. Ayer, mandos medios policiales se quejaron ante los jefes de Zona de la Jefatura de Montevideo por el "cortocircuito" generado por jerarcas del BHU al solicitar a varias comisarías el levantamiento de las custodias a un conjunto de inmuebles.
En tanto, fuentes gubernamentales rechazaron la versión policial al afirmar que el BHU no tiene relación con las comisarías.
Por otra parte, el gerente general de la ANV, Gustavo Marton, insistió en que "hay contratado un servicio 222 para la custodia de ese complejo de viviendas". Al ser consultado si se trataba de un servicio móvil o fijo, Marton señaló que no conocía los detalles del caso, y que el presidente de la ANV, Carlos Mendive, debería contestar esa pregunta.
Mendive, sin embargo, no contestó los reiterados llamados efectuados por El País. La ANV depende del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Por su parte, el subsecretario de Vivienda, Jorge Patrone, comentó ayer a El País que se enteró del caso a través de la prensa, y que no tenía más información al respecto.
Advertencia. Un policía comunitario de la zona del complejo de San Martín y Aparicio Saravia, señaló que, anteayer luego de que se retiraran los policías del servicio 222, elevó un informe a la jefatura en el que detallaba la delicada situación ante la que se encontraba el complejo habitacional.
Cerca de la hora 18, el policía comunitario elevó un informe en el que afirmaba que temía "que al retirar la guardia policial del lugar y al encontrarse unas 50 viviendas vacías se pueda producir de aquí en más un intento de ocupación masiva y hechos de vandalismo".
A la hora 20 ya se habían disparado los disturbios y comenzaron a llegar los primeros llamados a la seccional de la zona.
El policía comunitario señaló que en la noche de anteayer hubo por momentos hasta ocho móviles policiales y cuatro motos en el complejo habitacional ante los episodios generados.
Ayer a la tarde continuaban copando viviendas del complejo de Aparicio Saravia y San Martín.
Policía no acepta nuevas custodias
A partir de abril de este año, la Jefatura de Policía de Montevideo resolvió no concretar nuevos acuerdos con entidades estatales o empresas privadas por Servicios 222 por carecer de personal para cumplirlos.
El jefe de Policía capitalino, Walder Ferreira indicó a El País que la Jefatura sólo atenderá los servicios esenciales, como custodias de bancos o transporte de valores. Agregó que la Jefatura sí mantendrá el cumplimiento de aquellos servicios ya contratados.
El jerarca policial advirtió que, si un empresario abre su empresa y desea contratar a un policía que brinde seguridad en la entrada del negocio, ya no lo podrá hacer. "Ese empresario deberá requerir los servicios de una empresa de seguridad", indicó Ferreira.
Tras advertir que tenía problemas en cumplir con los contratos ya firmados, el jefe policial capitalino indicó que la Policía debe "centrar sus fuerzas" en realizar las tareas básicas, como patrullajes por la ciudad, investigaciones de delitos, recepción de denuncias y control del tránsito.
Ex cartera social del hipotecario
La Agencia Nacional de Vivienda fue creada en 2007 en el marco de la reestructura del Banco Hipotecario (BHU).
Desde 2009, la ANV se hace cargo de la "cartera de crédito social" del BHU, es decir, los complejos habitacionales con mayor morosidad.
Según un estudio de la ANV de 2010, el 20% de la ex cartera de crédito social del BHU en Montevideo y el 12% en el interior presentaba "vulnerabilidad socioeconómica alta". Estos complejos, según el presidente de la ANV, Carlos Mendive, podrían calificarse como "asentamientos verticales".
"Son conjuntos habitacionales generalmente localizados en la periferia que presentan problemas edilicios, con alto porcentaje de morosidad y de ocupación irregular de viviendas", explicó Mendive.
Del resto de la cartera en Montevideo, el 68% tiene "vulnerabilidad media" y 12% "vulnerabilidad baja". Hay 10.340 viviendas de la ex cartera social en Montevideo.
En el interior hay un total de 7.251 viviendas de esta cartera, de las cuales 12% son de alta vulnerabilidad, 53% de vulnerabilidad media y 35% de vulnerabilidad baja.