Un país soberano

Para Cristina Kirchner somos una provincia argentina. Se siente con derecho a inmiscuirse en nuestro territorio y controlar todo lo que puede afectar al poder central instalado en la Casa Rosada. Si aceptamos sus exigencias, actúa de la misma manera que lo hace con las otras provincias argentinas: es generosa. Si la contradecimos, nos exponemos ser blancos de la conocida furia Kirchner.

No sabemos bien cómo interpretó los denodados esfuerzos del Presidente Mujica por congraciarse con su gobierno. Tal vez pensó que eso era un acto de sumisión, que venía a contramano de la rebeldía expuesta por su antecesor, Tabaré Vázquez. Cuanto menos debe haber barajado que las reiteradas visitas de Mujica desde que asumió encerraban una actitud de contrición por los pecados cometidos, porque -seamos sinceros- el nuevo Presidente buscó siempre mantener distancia con la conducta asumida por Vázquez, algo así como que "la apoyamos en su momento porque no teníamos más remedio, pero discrepábamos abiertamente con ella".

Otra posibilidad es que la filosofía Kirchner de enfrentamiento y soberbia no le permita aceptar de frente y cara que el dictamen de La Haya rechazó sus acusaciones de contaminación del río Uruguay por la planta de celulosa y busquen trampear la sentencia y hacerle decir lo que no dice, en una actitud típica de mal perdedor. Ejemplos sobran en los gobiernos K.

Lo cierto es que con el fallo a la vista y tras la cumbre de Anchorena, la posición de la Casa Rosada sobre el tema se resume en dos puntos: 1) Si los puentes siguen cortados es por culpa de la Justicia que no ha ordenado su liberación; 2) El monitoreo del río Uruguay que ordenó La Haya incluye también a la planta de celulosa instalada en pleno territorio uruguayo.

El primer punto nadie se lo cree. Pero vayamos al segundo que es donde surgen los mayores problemas. Vamos a aceptar que sobre este aspecto la actitud del gobierno nacional no fue categórica. Que la firmeza exhibida por Vázquez muchas veces no fue la misma con esta administración. Que cuando se planteó por primera vez, hubo marchas y contramarchas en las declaraciones de los jerarcas, que dejaron abierta la posibilidad de que quizás fuera aceptado lo que es a todas luces inaceptable. Pero finalmente primó la cordura y la conciencia de que Uruguay es un país -no un paisito- independiente y soberano y como tal no tiene porqué aceptar exigencias, controles o intervenciones sobre lo que ocurre en su territorio. Del río Uruguay hacia el Oeste es territorio argentino y su presidenta está en condiciones de hacer lo que le plazca; del río Uruguay hacia el Este, es territorio uruguayo y manda el gobierno que encabeza el Presidente Mujica, conforme a lo que dispone la Constitución. No tiene ningún derecho a meterse y por lo tanto no se le puede aceptar sus intentos de intromisión.

Por eso, por las dudas que habían generado declaraciones anteriores, reconforta la firme decisión del gobierno uruguayo, expuestas por el Canciller, Luis Almagro y el Secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, de cerrar el paso a ese menoscabante monitoreo conjunto a una planta instalada en suelo nacional. Almagro quiso cerrar la herida de las dudas y expresó que la posición del gobierno es más firme que la que mantuvo el de Tabaré Vázquez "en cuanto a no permitir el ingreso a la planta para monitorearla". Y Breccia, por su parte, fue muy claro y asumió las eventuales consecuencias de la negativa a controlar la planta: "Esto es lo que nos enfrenta, no sé si a otro conflicto, pero sí a otro tema complejo".

Es muy probable que Breccia tenga razón, porque no creemos que Cristina Kirchner acepte mansamente que Uruguay haga uso de sus más absolutos e irrenunciables derechos. Y si se viene otro conflicto o por lo menos otro tema complejo, será por defender nuestra soberanía, que es, nada más y nada menos, que la razón de la existencia de la República Oriental del Uruguay. No queremos más conflictos con los hermanos argentinos. Pero si llegan por este motivo, bienvenidos entonces.