El legado de febrero del 73

WASHINGTON BELTRÁN STORACE

Febrero Amargo del entonces senador Amílcar Vasconcellos es un libro emblemático de un momento sombrío en la historia de nuestro país. Describe los hechos ocurridos en aquel mes de 1973 cuando los militares irrumpen con fuerza inusitada en la vida política del Uruguay e inician su escalada hacia la toma del poder absoluto. Para muchos, el 9 de febrero, cuando el Ejército y la Fuerza Aérea -la Marina se negó inicialmente a integrar el grupo "golpista" y se mantuvo fiel a las instituciones y a su juramento de defender la Constitución- desconocieron la designación de un nuevo Ministro de Defensa (el Gral. Antonio Francese), se acuartelaron y desafiaron al gobierno, fue la fecha del verdadero Golpe de Estado. La disolución de las Cámaras el 27 de junio, habría sido simplemente una "formalidad" o consecuencia de lo que había empezado a regir en febrero con la firma del pacto de Boiso Lanza.

No viene al caso esta discusión, más allá de que la aparición dentro de pocos días de una nueva edición de libro de Vasconcellos puede replantearla. Febrero Amargo fue en su momento un valiente documento de denuncia que advertía sobre la importancia de lo que estaba pasando y sus consecuencias. Hoy es un libro de testimonio directo, escrito sobre el calor de los hechos, de cómo nuestro país ingresó en su época más oscura. Su relectura me mueve a algunas reflexiones.

Treinta y siete años han pasado de aquella irrupción, veinticinco del retorno a la democracia. Hemos tenidos gobiernos colorados, blancos, frenteamplistas y hoy luce en nuestra Primera Magistratura, elegido por el voto del pueblo, alguien quien en su momento se alzó en armas contra la instituciones (antes del Golpe) y purgó años de condena en la cárcel. José Mujica es el Presidente de todos los uruguayos, ha jurado acatar y defender la Constitución y no tengo dudas de que así lo hará y, cuando termine su mandato, entregará la banda presidencial a aquél que el soberano haya elegido como su sucesor. Es que Uruguay disfruta de una sólida democracia.

Y en esta democracia, en este régimen donde el ciudadano se pronuncia libremente, pocas leyes han alcanzado mayor legitimidad que la llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que es, ni más ni menos, que la solución que los uruguayos encontramos para resolver las responsabilidades de la dictadura. Aprobada por el Parlamento tuvo luego dos instancia de consulta popular: una con los hechos muy frescos en el año 1989. La otra el año pasado cuando se pretendió su anulación. En ambos resultó ratificada.

Si esto es así, ¿qué busca el Pit-Cnt cuando en el acto del 1° de mayo reitera que continuará luchando por la anulación la ley? ¿No son suficientes dos pronunciamientos populares? ¿No se respeta la decisión del pueblo expresada en las urnas? ¿Se sigue la doctrina de Chávez de plebiscitar leyes hasta que salgan? ¿Por qué no se promueve simplemente su derogación?

La anulación es una verdadera payasada o mamarracho jurídico. Decir que nunca existió lo que existió es absurdo. Pienso sí que la Ley de Caducidad ha cumplido su ciclo. El Poder Ejecutivo -a través de los sucesivos gobiernos- ha hecho uso de su facultad discrecional para determinar qué casos están amparados o no en ella; hay militares y civiles de la dictadura presos. ¿Para qué mantenerla? Lo que corresponde -como ocurre con todas las leyes obsoletas o inconvenientes- es su derogación. Pues que se derogue. El FA tiene mayoría absoluta en el Parlamento para hacerlo desde el 2005 y, como si fuera poco, el diputado blanco José Carlos Cardoso ha presentado un proyecto en ese sentido. Si sigue existiendo es por capricho de la mayoría oficialista.

Un último punto. No estoy de acuerdo con la prisión domiciliaria para aquellas personas mayores de 70 años, que fueron encarceladas por crímenes de lesa humanidad. Sigo creyendo, en términos generales, en la Justicia de nuestro país, lo que me lleva a pensar que si están procesados y condenados es porque son responsables. Los crímenes que se le imputan son de extrema gravedad: utilizar las instituciones del Estado uruguayo, con la fuerza de las armas que el pueblo entregó a sus soldados, para perseguir, torturar y asesinar (¿o qué son los todavía desaparecidos?). Y peor aún cuando se hace por razones ideológicas.

Puede anidar un sentimiento de venganza en muchos que padecieron el tormento o la desaparición de padres, hijos, esposos, hermanos; de gente muy querida. También están los que buscan sacarle rédito político a ese drama. Pero no le hacen al fondo del tema. El daño, la afrenta, se le hizo a la sociedad y es ella quien castiga a través de sus órganos competentes. Simón Bolívar predicaba que "la justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad".

Es loable la intención del Presidente Mujica. Pero, no.

"La anulación de la Ley de Caducidad es una payasada o un mamarracho jurídico. Decir que nunca existió lo que existió, es ridículo".