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Hace exactamente cinco años, al asumir la Presidencia de la República en un día como hoy, Tabaré Vázquez anunció que, por razones de humanidad, tomaría medidas inmediatas para encarar lo que denominó la "emergencia carcelaria". Más allá de las buenas intenciones de una ley votada semanas después por el Parlamento y de la errónea decisión de abrir las puertas de las prisiones, muy poco se hizo en este quinquenio para mejorar la situación de la población carcelaria que hoy asciende a una cifra cercana a los 8.500 reclusos.
Paradójicamente, un partido político que llegó al poder proclamándose defensor de los derechos humanos, permitió que éstos se violaran de manera sistemática en los centros de detención. Baste con decir que el año pasado nuestro país registró el récord de 22 presos muertos de manera violenta en sus cárceles, la mayor parte de ellos en riñas o en actos de protesta. La televisión llegó a mostrar, incluso, una suerte de duelo criollo en el patio central del Comcar con cientos de reclusos como espectadores, sin la intervención de la guardia y con el resultado del asesinato de uno de los duelistas. La situación de descontrol en el sistema carcelario se hizo patente en las últimas semanas, cuando las sorpresivas requisas realizadas en los penales arrojaron el saldo de centenares de armas incautadas, en su mayor parte de fabricación casera, aunque cabe anotar el hallazgo de revólveres y hasta de una granada en poder de los presos. Ese operativo, dispuesto por el actual ministro del Interior, Jorge Bruni, reflejó un estado de cosas inaceptable que habla a las claras de las omisiones y errores en que incurrieron sus antecesores en el cargo.
La coalición de izquierda que hoy renueva su mandato por otro período de gobierno se había caracterizado por denunciar, cuando era oposición, la situación carcelaria. Los hechos demuestran que cuando le llegó el turno de asumir responsabilidades en ese sector, poco o nada hizo por mejorar las cosas. Más bien dejó que empeoraran de manera gradual. Ahora, cuando se instala el gobierno encabezado por José Mujica, reaparecen las inquietudes por aquella emergencia declarada por Vázquez, pero luego ignorada durante su mandato. El nuevo ministro del Interior, Eduardo Bonomi, tras documentarse sobre el tema, anticipó la adopción de algunas medidas que apuntan en la buena dirección. Una de ellas procurará hacer efectiva una norma prevista en la ley de Humanización del Sistema Carcelario, aprobada en 2005, según la cual por cada día de trabajo cumplido, el preso descuenta dos días de cárcel. Así, la administración de Mujica intentará que miles de penados colaboren en obras de infraestructura del Estado entre las que se citan el Plan de Impacto Habitacional destinado a sustituir las precarias viviendas de los asentamientos y la restauración de las vías férreas.
No será fácil, por cierto, movilizar hacia los lugares de trabajo, con disciplina y estrictas medidas de seguridad, a la población carcelaria. Tampoco será posible hacerlo con todos los presos en función de la peligrosidad de algunos o de sus aptitudes para realizar o no ciertas labores. Pero es un proyecto que vale la pena llevar adelante y que, de seguro, servirá para que muchos atenúen sus condenas y mejoren su propia situación a través de la tarea diaria, tal como ocurre en los sistemas carcelarios de los países más avanzados.
Otro anuncio del gobierno entrante, es que serán construidas dos nuevas cárceles para aliviar la superpoblación de las actuales cuya capacidad está largamente colmada. Una de ellas será de máxima seguridad para albergar a 150 delincuentes de alta peligrosidad. La otra, de mayor tamaño, constituirá un desahogo para los actuales centros de detención que, como se señala de manera reiterada, están siempre "al borde de la explosión".
Una política carcelaria integral no se agota, por supuesto, haciendo trabajar a los presos y con ampliaciones locativas, pero al menos es una base más sólida para atender con hechos y no con palabras, la "emergencia carcelaria" declarada cinco años atrás.









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