Juega la oposición

Pablo Da Silveira

El grupo conformado por los partidos políticos para buscar medidas de consenso en la enseñanza tuvo su primer encuentro. Y desde entonces hemos quedado en una situación extraña. Por una parte, el oficialismo anunció que no se opone a considerar modificaciones a la Ley de Educación, aunque no será él quien tome la iniciativa. Esto fue adecuadamente interpretado como un signo alentador por parte de la oposición. Pero al mismo tiempo se fijó el mes de marzo como plazo para que los grupos de trabajo entreguen sus propuestas al presidente electo.

El detalle es que las elecciones de los representantes docentes que, según establece la nueva ley, deberán integrarse al Codicen y a los consejos desconcentrados han sido convocadas por la Corte Electoral para el 14 de febrero. Y cualquier persona con un mínimo de experiencia política sabe que, una vez que hayan votado sesenta mil docentes y sus delegados hayan surgido de las urnas, ya nada impedirá que asuman los cargos.

Quiere decir que, si se quiere introducir cambios de fondo en la Ley de Educación (o si se aspira a postergar su plena aplicación, de modo de darse tiempo para buscar acuerdos) hay que tomar decisiones urgentes. Si eso no se hiciera, el nuevo gobierno podrá decir que ya no hay posibilidades de frenar el proceso, con la comodidad añadida de poder deslindar toda responsabilidad ante lo ocurrido.

La plena entrada en vigencia de la Ley 18.437 sería responsabilidad de la administración Vázquez, que la elaboró y consiguió aprobarla, y de los partidos de oposición, que no propusieron alternativas a tiempo.

Que la oposición presente propuestas concretas en los próximos días no garantizará que el futuro gobierno vaya aceptarlas. De hecho, lo más probable es que las rechace de plano. Pero, al menos la responsabilidad política sobre la situación creada caería claramente sobre quienes se preparan para asumir la conducción del país.

La Ley General de Educación aprobada en 2008 hará recrudecer los principales males que hoy afectan a nuestra enseñanza. Con esa norma plenamente vigente, sólo cabe esperar más burocracia, más bloqueo, más control corporativo y menos rendición de cuentas.

Pese a que esos resultados son previsibles, una vez que esa norma entre en plena vigencia será muy difícil de modificar. Los dirigentes gremiales de la enseñanza, y los docentes en general, habrán adquirido una capacidad de control y de influencia a la que difícilmente estarán dispuestos a renunciar. Sucesivos gobiernos pueden enfrentarse a la imposibilidad de librar una batalla política de tales dimensiones. Como resultado, podemos enfrentarnos a muchas décadas de bloqueo y deterioro que afectarán principalmente a los miembros más débiles de las nuevas generaciones. En el peor escenario imaginable, sólo una larga acumulación de daños (y, consecuentemente, un gran número de dañados) crearían las condiciones para corregir el rumbo.

Ya sea por picardía o por alguna otra razón, el oficialismo consiguió colocar la pelota en la cancha de la oposición. Es ella quien debe jugar ahora, y debe hacerlo rápido.