Pablo da Silveira

En un congreso realizado recientemente en Salto, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) aprobó una resolución en la que exige que el gasto educativo aumente al 6% del producto bruto interno durante el próximo gobierno. Esto significaría un aumento cercano al 70 por ciento del gasto actual (4.5 por ciento del producto) que es a su vez el mayor en nuestra historia.

En un comportamiento típicamente corporativo, quienes aprobaron la resolución no hacen ningún esfuerzo por explicar de dónde saldría el dinero. No se sabe si se generaría mediante recortes en otros rubros del presupuesto nacional (y cuáles serían en tal caso) o si se trata de un gasto añadido que volvería a castigar los bolsillos de los contribuyentes.

Tampoco se dice demasiado sobre el modo en que ese dinero permitiría mejorar la calidad de los aprendizajes. Las pocas referencias que se hacen al destino del gasto están mayoritariamente ligadas a los intereses de los propios docentes. Por ejemplo, se exige la incorporación del salario vacacional, argumentando que otros empleados públicos ya obtuvieron ese beneficio. Lo más parecido a un reclamo que tenga en cuenta intereses ajenos (la exigencia de mayores inversiones edilicias) beneficia tanto a los alumnos como a los propios docentes.

Pero lo más asombroso es el total silencio de los afiliados de Fenapes a propósito de un hecho crucial: durante el quinquenio que está a punto de terminar, el presupuesto educativo se multiplicó por tres. Las remuneraciones docentes y el gasto por alumno tuvieron un crecimiento nunca visto. Pero este gigantesco esfuerzo realizado por los contribuyentes no dio ningún resultado. Ni la deserción, ni la repetición, ni los resultados en las mediciones internacionales de aprendizaje han tenido mejoras significativas. Todo sigue tan mal como (o en algunos casos peor que) hace cinco años.

¿Por qué dar más dinero después de esta experiencia? Sobre este punto, la declaración de Fenapes no dice nada. Es probable que, si se les hace alguna pregunta al respecto, sus dirigentes repitan el mantra que viene siendo invocado para justificar lo ocurrido: en el terreno de la enseñanza no hay mejoras rápidas. De momento hay que gastar y creer.

Este argumento sería de recibo si se lo utilizara para explicar que no todo puede cambiar en cinco años. Efectivamente hay logros (como la mejora de los niveles de aprendizaje de la población más vulnerable) que requieren más tiempo. Pero el problema es que este argumento se utiliza para justificar que nada haya mejorado, y eso es sencillamente inadmisible.

En estos cinco años no ha sido posible disminuir el ausentismo docente. Pese a la notoria mejora en los salarios, el número de horas de clase no dictadas en Secundaria pasó de 466 mil en 2004 a más de 600 mil en 2008. La causal que explica la mayor parte de este incremento son las medidas gremiales. ¿Alguien puede pensar que hacen falta más de cinco años para resolver este problema? ¿Y alguien puede pensar que Fenapes no tiene nada que ver con esto? Pedir más dinero sin hacerse cargo de este contexto es injustificable.