Reacción general: extender medida

Dicen que no debe hacerse solo en Punta del Este

Varios lectores de El País digital, que dejaron sus comentarios, piden que la misma medida de retirar a personas con antecedentes penales e indocumentados de Punta del Este, se aplique en el resto del país.

Una mujer de 69 años expresó que "el mismo sistema tiene que haber en Montevideo. Hay protección para los que van a Punta y a nosotros ¿que nos parta un rayo?".

Por su parte, un hombre de 67 años, exigió la aplicación de la medida en todo el país, especialmente en Montevideo. "La autoridad policial en el marco de la ley (...), tiene el deber de observar y prevenir la comisión de delitos, faltas o infracciones. (...) Entonces pregunto: si la ley es clara, y es un deber de las autoridades, ¿por qué no se piden documentos en las calles de Montevideo?".

Lo mismo pide otro lector de 68 años. "Estamos de acuerdo con Libertad en el Orden, consecuentemente el `orden` debe ser en todo el territorio nacional y no con fechas ni días marcados en el calendario como `vacacionales`".

Un médico de 60 años, también apoya que la medida sea a nivel nacional. "Lo justo es que cada departamento se haga cargo de sus chorros. Y si Montevideo tiene la mayor producción de chorros que se la banque y se hagan cargo. ¡La gente de otros departamentos no se tienen por qué hacer cargo!", escribió.

De forma similar piensa un artista de 55 años, que también cuestionó que no se aplique la ley para todo el país. "¿Los delincuentes sólo son indeseables en Punta del Este? Sólo les preocupan los de la clase pudiente. Al resto que nos siga ganando la inseguridad y que nos roben, nos copen y nos maten", afirmó.

En la misma línea, escribió una lectora de 47 años: "¿Por qué no lo hacen en todo el país? Me parece que esto es sólo para defender a los cajetillas. Y además esto de pedir documentos por la pinta, me parece una barbaridad y un retroceso a los años de dictadura. Son prácticas de gobiernos fascistas".

Uno de los más jóvenes en comentar, de 24 años, expresó que "cumplir la ley y preservar la paz y la seguridad son funciones privativas del Estado, independientemente de la orientación de los gobernantes de turno. Si en la presente situación, se hace necesario recurrir a controles en vía pública, entonces que se proceda en tal sentido. Es una pequeña molestia a cambio de una mayor seguridad".

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