Faltas: más trabajo para los jueces o en vías de extinción

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PABLO MELÉNDREZ

Los jueces penales de Montevideo se sorprendieron ante la nueva competencia que tendrán: las faltas. Algunos dicen que pese a ser muy pocos los casos que se tramitan, igualmente se verán afectados. Otros afirman que desaparecerán las faltas.

Por bajo presupuesto, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió esta semana eliminar los juzgados de Faltas para transformarlos, a partir del 1° de febrero, en sedes Laborales donde se tramitarán reclamos mediante un sistema de instancia única cuando las demandas no excedan los $ 80.000, según lo establece la reforma procesal aprobada para esa materia.

Ante la imposibilidad económica de crear nuevos juzgados Laborales, la SCJ optó por suprimir las sedes de Faltas, que tienen un muy escaso volumen de trabajo ya que se ocupan de situaciones que si bien implican una violación de la ley, no llegan a ser delito, como por ejemplo algunas infracciones de tránsito, las riñas en la vía pública, el maltrato de animales y la reventa de entradas para espectáculos públicos.

"Lo ideal hubiera sido mantener uno de los dos juzgados de Faltas", dijo días atrás a El País al ministro de la SCJ Jorge Chediak. "Pero en la alternativa de tener que adjudicar recursos escasos, la Corte no tuvo más remedio que suprimir los dos, porque recién será posible crear nuevos juzgados en 2011, cuando entre en vigencia el presupuesto del nuevo gobierno", se lamentó.

Los 21 juzgados penales de Montevideo están saturados de expedientes, pero la SCJ entendió que no se verán afectados por la competencia que asumirán desde el 1° de febrero, ya que las faltas no generan un volumen de trabajo relevante.

OPINIONES. Los dos juzgados de Faltas tienen actualmente un total de casi 600 expedientes en trámite. Es una cifra apenas inferior a la registrada en 2008, cuando en ambas sedes se iniciaron 693 casos, lo que significó solamente el 0,8% de los expedientes judiciales que se iniciaron en Montevideo, según estadísticas del Poder Judicial.

Consultado al respecto, el juez Julio Olivera Negrín, titular del Juzgado Penal de 21° Turno, dijo a El País que si bien los juzgados de Faltas no tienen un volumen de trabajo relevante, "cualquier cosa que sume algún caso más a los juzgados penales los va a desbordar totalmente".

"Los juzgados penales están recargados de trabajo. Aunque sea solamente un caso más va a causar un impacto importante sobre el cúmulo de expedientes", insistió el juez, y expresó sus dudas sobre la conveniencia de tramitar estos casos "al lado de homicidios y rapiñas".

Por su parte, el juez Federico Álvarez Petraglia, a cargo del Juzgado Penal de 14° Turno, sostuvo que la decisión de la SCJ es la "sentencia de muerte" para las faltas, porque los jueces penales no podrán dedicarle tiempo, en función de la gran cantidad de trabajo acumulado.

"No se va a afectar el trabajo en los juzgados penales. Las faltas van a formar parte de los delitos de bagatela o pequeños que muchas veces ni llevamos al juzgado", señaló Álvarez Petraglia a El País.

Olivera: "Aunque se agregue solamente un caso más, va a causar un impacto importante"

Un juzgado de Faltas no puede disponer la prisión preventiva de una persona. Las sanciones que pueden aplicar esas sedes son principalmente multas económicas en Unidades Reajustables (UR).

Sin embargo, si el condenado no puede afrontar el pago del monto que le fue impuesto (que por ley puede oscilar entre las diez y las 100 UR) puede optar por cumplir el equivalente a ese monto con prisión. En ese caso, se computa un día de reclusión cada 10 UR, explicó a El País la jueza Estela Ortíz, titular del juzgado de Faltas de 1° Turno.

La magistrada dijo que principalmente, los casos que se tramitan en las sedes tienen que ver con el uso y tenencia irregular de armas. También hay un importante número de expedientes por juegos de azar clandestino, como la instalación de slots en locales sin autorización y por llevar adelante el juego de la "mosqueta" en la vía pública.

A su vez, también se tramitan muchos expedientes por arrojar desperdicios en la vía pública. Asimismo, cuando la Intendencia de Montevideo resuelve inspeccionar, se inician casos por exceso de velocidad, dijo la jueza Ortíz.