Venta de libros a Venezuela: piden pruebas al exterior

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La jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti pedirá colaboración a Venezuela, Colombia y Panamá en el marco de la causa que indaga presuntas irregularidades en las millonarias exportaciones de libros realizadas en diciembre de 2008 y febrero de 2009 por la empresa Apliser S.A.

La semana pasada, el fiscal Ricardo Perciballe pidió a la magistrada que consulte a esos países para establecer si cuentan con registros que permitan establecer la existencia de una red dedicada al lavado de activos, lo cual es la hipótesis más firme que se maneja por ahora en la investigación, dijeron a El País fuentes del caso.

La jueza Gatti y el fiscal Perciballe indagan las exportaciones realizadas a Venezuela por Apliser S.A. de 50 mil kilos de "sets cartográficos" integrados por el libro Técnicas de Ordenamiento Territorial, un cuaderno en blanco y un mapa, por un total de US$ 32 millones, siendo que el costo de producción fue estimado en apenas US$ 500 mil.

El llamativo negocio fue denunciado mediante un sobre anónimo que llegó a mediados de julio al despacho de la magistrada, que luego de analizar los elementos, decidió iniciar la investigación.

Como primera medida, la jueza Gatti dio intervención en el caso a la Dirección General Impositiva, la Secretaría Antilavado de Activos de la Presidencia, el Banco Central, el Instituto Técnico Forense y a la Policía.

Por el momento no se ha registrado ninguna citación, y se estima que nadie prestará declaración hasta tanto se agregue al expediente la información solicitada al exterior, aseguraron las fuentes.

El caso tuvo trascendencia pública luego que el senador nacionalista Ruperto Long difundió que Apliser S.A. -que comenzó a funcionar en 2008- quedó en el puesto número 21 de la lista de mayores exportadores de Uruguay en el primer semestre de 2009.

En un primer momento se manejó la posibilidad de que se tratara de una maniobra para aprovechar el tipo de cambio preferencia que existe en Venezuela para los negocios de importación. En tanto, para establecer si existe alguna irregularidad desde el punto de vista tributario, la DGI deberá esperar a que la empresa cierre su ejercicio económico el 31 de diciembre.