IMM licita obras en el vertedero

La Intendencia de Montevideo puso a la venta los pliegos para la licitación del vertedero municipal de Felipe Cardoso y Camino Cepeda. Los pliegos tienen un valor de $ 84.000 y la apertura de ofertas se hará el 14 de diciembre.

A fines de mayo, el intendente Ricardo Ehrlich resolvió no otorgar la licitación de la llamada "Usina N° 5" al consorcio Vega - Aborgama, que en 2008 ganó un llamado para su ampliación y explotación por siete años. A partir de entonces, la Intendencia anunció que se haría cargo de la usina y que haría un "llamado rápido" para hacer algunas de las obras urgentes que demanda el principal vertedero del país.

Según el pliego, las obras abarcarán movimientos de tierra, suministro y colocación de una "geomembrana estanca" y la construcción de drenajes y cámaras de desagüe. Para una segunda etapa quedaría la construcción de una planta de lixiviados. Pero además, el ganador deberá suministrar e instalar dos balanzas para camiones, construir oficinas y vestuarios y caminería vinculante con su correspondiente iluminación.

Según informó el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Néstor Campal, ante la Junta Departamental de Montevideo, las obras del vertedero le costarán a la administración unos US$ 5.500.000.

Campal fue convocado a la Comisión de Medio Ambiente y Salud de la Junta Departamental por la edila colorada Cristina Ferro, quien criticó la actuación de la Intendencia en materia de disposición final de residuos.

Tanto Adeom, como el PIT-CNT y el sindicato de clasificadores (Ucrus), se opusieron en su momento a lo que ellos llamaron una "privatización" de la usina. La Intendencia, en todo momento, evitó hablar de "privatización".

Según Campal, el intendente tomó la decisión de dejar sin efecto el llamado por lo que representaba "la inversión que se hacía, las dificultades para negociar un precio más bajo (con Vega - Aborgama), el poco éxito que se tuvo en las negociaciones (con el gobierno central) con respecto al IVA, y (por) consideraciones de orden político".

El nuevo llamado señala que la empresa adjudicataria deberá incluir en las planillas de trabajo un mínimo equivalente al 5% de personas liberadas que se encuentren en la bolsa de trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados.