Jueza citó a las partes por denuncia penal en Durazno

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Durazno | Víctor Rodríguez

Una nueva instancia judicial tuvo ayer la denuncia penal presentada por la bancada de ediles del Frente Amplio de Durazno contra la Intendencia Municipal de este departamento por el destino dado a una partida de dinero convenida entre la Intendencia y el ministerio de Vivienda para la refacción de fincas anegadas por las inundaciones de mayo 2007.

La bancada de ediles del Frente Amplio -representada en audiencia por María Alpouy y Zulma Corbo- reiteraron su postura de que parte del dinero correspondiente a una primera partida recibida de unos 100 mil dólares (resta una segunda por idéntico monto), fue derivada a otras áreas y no específicamente para las que estaban establecidas en el convenio.

Ayer la jueza penal de primer turno, María Constanza Farfalla, citó a las partes involucradas, es decir, a representantes de la bancada de curules frentistas y autoridades municipales en calidad de testigos, entre ellos el entonces intendente municipal, Carmelo Vidalín, que no concurrió. Sí lo hicieron sus abogados y los otros dos jerarcas citados, José Pedro Rodríguez y Sebastián Ervitti, anterior y actual director de Hacienda de la IMD.

En septiembre próximo pasado, los legisladores duraznenses de izquierda se trasladaron a Montevideo para reunirse con el ministro de Vivienda, Carlos Colacce para informarlo de la situación. Días después el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) rechazó la Rendición de Cuentas enviada por las autoridades duraznenses sobre los gastos realizados a cuenta de la citada partida. Corbo dijo que "queda a las claras que el destino dado a los 100 mil dólares no fue el oportunamente establecido en el convenio". El edil socialista, Eduardo O`Neill, dijo que "de la primera partida sólo 700 mil pesos fueron gastados en materiales de construcción, con lo demás se pagaron alquileres, fletes, facturas de luz y teléfonos".

VIDALÍN. Por su parte, y horas antes a convocatoria judicial, Vidalín, anunció que no iba acudir al juzgado, haciendo uso de sus fueros -fue electo diputado en las elecciones de octubre anterior-, pero que permanecía "a total disposición de la jueza para evacuar por escrito todas las consultas que fuera necesarias".

Vidalín dijo a El País que todo es una "maniobra política".

"Los que denuncian me dan pena, ya que por todo lo que se hizo previo a la firma del convenio (noviembre 2007) y la llegada del dinero (enero 2008), la gente comenzó a volver a sus hogares alrededor del 20 de mayo y desde esa fecha en adelante, todas las viviendas que se repararon se hicieron con recursos de la IMD y donaciones al comité de Emergencia".

Agregó que durante la emergencia se realizaron "miles" de reparaciones de viviendas "todo a costo de la Intendencia y donaciones al comité de emergencia", dijo

"Lamentablemente los tiempos del gobierno nacional nunca se acompasan con las necesidades de la gente. Los reclamos en aquel momento que le hacíamos al gobierno nacional, requiriendo su ayuda inmediata, son los mismos que se realizan actualmente en Tranqueras y en otros lugares del país, afectados por estas situaciones", señaló.