Escándalo por espionaje del gobierno colombiano

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BOGOTÁ | THE NEW YORK TIMES

Álvaro Uribe, máximo aliado de EE.UU. en América Latina, está enredado en un escándalo a causa de creciente evidencia sobre que su principal hombre en la dependencia de inteligencia llevó a cabo una extensa operación ilegal de espionaje.

El operativo está centrado en los principales detractores del presidente colombiano, incluidos integrantes de la Suprema Corte de Colombia, políticos de la oposición, trabajadores de los derechos humanos y hasta periodistas.

Este escándalo, que se ha desarrollado a lo largo de varios meses, se intensificó con la revelación de una interceptación de audio de un prominente oficial de la embajada de EE.UU. Semana, respetada revisa noticiosa, obtuvo una interceptación de una conversación rutinaria de teléfono entre James Faulkner, el agregado legal de la embajada, y un magistrado de la Suprema Corte que investigaba nexos de partidarios políticos de Uribe con escuadrones paramilitares de la muerte.

Otras grabaciones obtenidas en investigaciones periodísticas y de fiscales destacan persistentes esfuerzos de espionaje a lo largo de los años en contra de los principales detractores de Uribe por parte del Departamento de Seguridad Administrativa, vasta dependencia de inteligencia con 6.500 empleados -posiblemente la mayor de Sudamérica- que opera directamente bajo la autoridad de la oficina del presidente.

La dependencia, conocida por el acrónimo DAS, ha sido el centro de acusaciones de espionaje ilegal en el pasado. Sin embargo, este caso está sembrando el temor entre detractores de Uribe en la elite política, llegando al tiempo que el presidente pugna por asegurar un tercer mandato.

Si bien Uribe está aislado ideológicamente en un continente que ha girado a la izquierda, está siguiendo el ejemplo de vecinos que han modificado sus constituciones para seguir al frente de la presidencia, como el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y el de Ecuador, Rafael Correa. "Uribe está debilitando seriamente la democracia de Colombia", dijo Ramiro Bejarano, abogado y líder opositor que fue director de DAS en los años 90.

Previamente en el año, Semana obtuvo grabaciones, transcripciones de interceptaciones y otros expedientes de empleados y ex empleados de DAS que mostraron a Bejarano entre varios prominentes líderes de la oposición cuyos teléfonos fueron intervenidos ilegalmente por DAS. Cinco nominados han encabezado DAS desde la llegada de Uribe al poder, en 2002. Los primeros cuatro renunciaron entre alegatos de vigilancia ilegal y están bajo una investigación formal de la procuraduría general de Colombia.

Las acusaciones en contra del primer director de DAS bajo Uribe, Jorge Noguera, son las más serias. Se le acusa de organizar los asesinatos de tres activistas de sindicatos comerciales y un sociólogo bien conocido, Alfredo Correa dAndreis. Estos cargos se fundamentan en informes en el sentido que DAS, bajo el liderazgo de Noguera, les dio a líderes paramilitares sus nombres en una lista de asesinatos.

Noguera renunció en 2005, cuando Uribe lo nombró cónsul en Milán. Desde entonces, Noguera ya dejó esa posición, y el gobierno se ha distanciado de él. Sin embargo, todos los sucesores de Noguera -incluido el actual director, Felipe Muñoz- están bajo escrutinio a causa de informes de irregularidades, notablemente intervenciones telefónicas, que son ilegales en Colombia sin una orden judicial. Algunas de las intercepciones se grabaron apenas hace pocas semanas. Otras se hicieron hace varios años.

Para EE.UU. el escándalo complica sus cálidas relaciones con el gobierno de Uribe. Ian C. Kelly, portavoz del Departamento de Estado, dijo que las acusaciones eran "inquietantes e inaceptables". Pero afirmó que el registro de Colombia en los derechos humanos era suficientemente satisfactorio para cumplir con las normas que le permiten al gobierno de Uribe recibir toda la ayuda militar incluida en la ayuda estadounidense por 545 millones de dólares prevista para este año.

AP

La Relatora Especial de la ONU sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, manifestó ayer su preocupación por las denuncias de seguimientos e interceptaciones telefónicas ilegales a activistas por parte de la policía secreta colombiana, aunque saludó que la fiscalía ya esté investigando.

Margaret Sekaggya, tras una visita de 11 días, planteó a su vez en rueda de prensa que deberían "depurarse" los archivos de inteligencia existentes sobre defensores de derechos humanos y que tal medida debe ser acompañada de "una redefinición por parte del aparato del Estado de los objetivos de sus actividades de inteligencia".