Congreso en debate por ley de medios

BUENOS AIRES | Tras el fracaso de la cumbre de Unasur en Quito, Colombia afirmó que no descarta retirarse del bloque si algunas naciones se niegan a discutir temas como el narcotráfico y el armamentismo. Brasil, Bolivia y Argentina critican intransigencia de Uribe. Los aliados al gobierno juntaron 140 votos cuando necesitan 129 para aprobar el texto, que ya tiene 200 cambios. Algunos opositores adelantaron que no estarán presentes en la votación.

El oficialismo, gracias a aliados de otras fuerzas políticas, consiguió el quórum necesario para tratar en el recinto el proyecto de "Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual", enviado al Congreso hace tres semanas y que busca aprobar antes del 10 de diciembre -fecha en que asume la nueva legislatura en la que el gobierno no tiene mayoría- para reemplazar a la "Ley de Radiodifusión" sancionada en la última dictadura militar.

Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es el referido a la autoridad de su aplicación, denominada Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuyo directorio estará conformado por siete miembros: dos designados por el Poder Ejecutivo, tres por el Congreso y dos elegidos por un consejo federal de comunicación que representará a los gobiernos provinciales. La autoridad federal tendrá la potestad de adjudicar, prorrogar y anular las licencias para la explotación del espectro radioeléctrico. Por esto, la oposición teme sea usado para amedrentar a medios críticos.

También cuestionado era el artículo que permitía el ingreso de las telefónicas al negocio de la televisión por cable, algo vedado en la actualidad. Pero la presidenta dio marcha atrás en este punto al parecer como condición impuesta por legisladores aliados al oficialismo a cambio de votar la ley.

Uno de los principales afectados por la eventual sanción del proyecto sería el Grupo Clarín, enfrentado a los Kirchner, que debería desprenderse en el plazo de un año de radios, canales de televisión abierta y de cable que superen los nuevos límites para la propiedad de licencias. LA NACIÓN / GDA Y AP