Un estilo autoritario

El jueves 16 se supo que las autoridades venezolanas habían impedido la salida del país al presidente del canal de noticias Globovisión, aduciendo que se le sigue un juicio por fraude y usura. El fracasado viajero, que tiene un alto perfil en el medio empresarial de Venezuela, calificó de "terrorismo judicial" esa resolución y aludió a las campañas en que el actual régimen de su país "atacó a la libertad de expresión". Ante ello, el gobierno amenazó con retirarle a Globovisión "el 50% de su licencia de transmisión". Pero el episodio, que puede vincularse con la reciente cancelación de la licencia a algún otro canal privado del país caribeño, y que en este caso afecta a una señal de TV notoria por su oposición al gobierno, figuró en estos últimos días dentro de un marco más vasto y mucho más grave referido a los medios de comunicación venezolanos.

En efecto, el viernes 17 trascendió que el gobierno de dicho país "lanzó una avalancha de procesos administrativos contra la mayoría de las emisoras de radio y televisión privadas". El ministro de Obras Públicas reconoció que "estos procedimientos buscan revocar los permisos de transmisión de 240 emisoras privadas de radio y 45 de televisión", acusadas de no haber actualizado sus datos ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Pero no sólo las radios y televisoras podrían ser acusadas de atrasarse, porque 50 diarios venezolanos de circulación regional "enfrentan el riesgo de verse obligados a cesar sus operaciones por culpa del retraso del gobierno en entregar las divisas necesarias para importar papel". El Bloque de Prensa (entidad que reúne a los principales diarios del país) dijo que numerosos periódicos regionales "enfrentan una situación muy seria", mientras para el gobierno "es fácil restringir las divisas". Cuatro de las cinco importadoras venezolanas de papel de diario "informaron que no reciben dólares desde hace tres meses", medida que el Poder Ejecutivo puede mantener sin problemas debido a que ejerce el control de cambios y es el único autorizado a vender dólares a través de la Comisión Nacional de Administración de Divisas, que centraliza todas esas operaciones.

El mismo viernes 17 se conoció el contenido de un informe del Congreso de Estados Unidos dedicado al narcotráfico, que será divulgado en estos días. Esa investigación señala que "Venezuela se ha convertido en el principal centro de distribución de la cocaína producida en Colombia y en el mayor puerto de embarque de dicha droga con destino principalmente a EE.UU. y España". Según ese informe, el visible incremento del tráfico a través de Venezuela es posible "por el alto nivel de corrupción" que existiría en el ejército y "en otras fuerzas del orden y la seguridad" del país. Desde 2004 hasta 2007, el volumen de cocaína procedente de Colombia que se embarcó "desde cientos de aeropuertos clandestinos de Venezuela", pasó de 60 a 260 toneladas por año, lo cual equivale a "el 17% de toda la cocaína que se produjo en el mundo en el año 2007", siempre según el informe.

Los jerarcas del gobierno venezolano rechazaron esas acusaciones y afirmaron que el jueves 16 se había deportado a Colombia a un narcotraficante de ese país capturado en un hotel de Caracas, agregando que "Venezuela es uno de los principales países en materia de incautación de droga" y que en lo que va de este año "se han decomisado 30 toneladas". Cabe agregar que Venezuela interrumpió hace un tiempo sus planes de cooperación con la DEA, la agencia antidrogas norteamericana, agudizando así el cruce de reproches entre los gobiernos de ambos países. Por el momento, Washington señala "la complicidad en el negocio de la droga de altos funcionarios civiles y militares" del régimen venezolano. Y el informe del Congreso añade que "ya es posible describir el nacimiento de un narcoestado" en Venezuela.

De cualquier manera, no puede ignorarse la tendencia hegemónica que exhibe el gobierno venezolano, al imponer medidas de innegable autoritarismo y hasta de atropello en terrenos tan sensibles como el de la libertad de los medios de comunicación. Una agresión similar ocurrió cuando el recién electo alcalde de Caracas (opositor) no pudo asumir debidamente ese cargo porque su despacho fue ocupado por gente del gobierno. Esos hechos van sumándose hasta configurar un panorama sombrío. Cada día le resultará menos fácil a las autoridades de ese país rebatir las acusaciones que se les formulan por sus desplantes contra todo un campo de derechos, garantías y libertades crecientemente amenazado.