Jugando con fuego

Gustavo Penadés

Asistimos a un embate, artero y coordinado, contra figuras de los Partidos Tradicionales y estaremos obligados a decidir respecto del desafuero de algunos colegas, por lo que queremos, desde ya, adelantar opiniones.

El desafuero (art. 114 de la Constitución de la República), con siglos de antecedentes históricos, fue establecido para evitar desbordes y avasallamientos de otros Poderes contra el Legislativo.

No es válido, entonces, aseverar que si un Fiscal o un Juez consideran que un Representante Nacional ha incurrido en delito, así debe serlo.

No puede aceptarse esa presunción, pues así se iría contra el Constituyente que partió justamente de lo contrario: que la pretensión de Fiscales o Jueces, cuando se trata del juzgamiento de Representantes Nacionales, puede no coincidir con la ley y obedecer a intereses espurios.

Los fiscales y jueces no son dioses. Son seres humanos sometidos a las mismas tentaciones, a las mismas pasiones, a los mismos errores, a los mismos temores que cualquiera. Tienen amigos, intereses, vínculos políticos, religiosos, deportivos o meramente sociales como todos los hombres. Los hay mejores y peores, como en todo grupo humano.

La actuación de muchos de los miembros del Ministerio Público o del Poder Judicial en la pasada dictadura, muestra a las claras cuan humanos son, cuanto están tentados de claudicar ante el poder.

Todo lo anterior adquiere la máxima importancia, cuando Jueces o Fiscales pretenden acusar en base al art. 162 del Código Penal "Abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley".

Debemos enfatizar, desde ya, que no daremos curso a ningún pedido de desafuero solicitado contra Representantes Nacionales, sin distinción de partidos, que esté fundado en esa norma penal, cuya derogación propugnaremos de inmediato.

Porque ese artículo del Código Penal es heredero del espíritu fascista que le dio origen y fue establecido en el régimen Mussolini, justamente para poder perseguir penalmente a los funcionarios, por razones eminentemente políticas.

Es atentatorio contra la dignidad humana, todo intento de juzgar penalmente desviaciones administrativas que pudieren haber sido o deben ser corregidas en vía administrativa, para lo que existen caminos claros y eficientes en nuestro país. Esas persecuciones obedecen a un malvado designio de perjudicar políticamente a individuos, sectores o partidos políticos, haciendo uso del escarnio público.

La salud de la sociedad uruguaya está amenazada por el virus de la maledicencia organizada. La institucionalidad política de la Patria corre riesgo ante los infundados y generalizados agravios a los hombres públicos.

Las dictaduras y los populismos autoritarios que tanto se les asemejan y, las más de las veces, las anteceden, son hijos de estas pestes.

El desprestigio y la desarticulación de los Partidos, verdaderos soportes de la Democracia -y debo remarcar de todos los Partidos Políticos- dan paso a los Fujimori y los Collor de Mello, que resultaron "gigantes con pies de barro".

No estamos dispuestos a aceptar que el Uruguay sea presa de flagelos semejantes. Por ello, combatiremos desde la prensa, desde el Parlamento, desde los estrados judiciales, desde la calle y donde sea.

No escatimaremos ningún esfuerzo, pues uno de los peores enemigos de la libertad y la democracia acecha y ataca.