La tolerancia es un requisito esencial para la existencia de una sociedad democrática. Quizás esta sea la principal lección que deberíamos haber aprendido de los acontecimientos que envolvieron a nuestro país hace pocas décadas. La otra lección, complementaria de la anterior, es que no se debe ser tolerante con la intolerancia, de cualquier color político. La primera barrera contra ese mal son los valores culturales compartidos, el autocontrol al actuar en todos los niveles y el respeto por los demás. Sin embargo, cuando esas defensas naturales de la convivencia democrática son desbordadas, es legítimo y necesario que la sociedad actúe aplicando en forma eficaz el orden jurídico existente.
Los ataques a taxistas durante el fin de semana son un motivo de preocupación. Especialmente si consideramos que lo acontecido tiene como antecedente los incidentes ocurridos en octubre pasado cuando militantes sindicales entraron al Ministerio de Trabajo e insultaron al director Nacional de Trabajo.
Existen motivos para pensar que lo sucedido está vinculado con la diferencia de opiniones que existe sobre medidas de seguridad en los taxímetros. El sindicato propone instalar un sistema de bloqueo central en las puertas de las unidades, el Ministerio del Interior y la patronal no están de acuerdo.
El oficio de taximetrista se ha vuelto una actividad peligrosa. Es natural, entonces, que en el sector exista preocupación sobre como mejorar la seguridad. Pero aquí el problema es otro.
La Policía comprobó que, durante el fin de semana se produjeron 13 ataques contra taxis, dos de ellos fueron volcados, a cuatro les robaron su equipo de posicionamiento GPS y la recaudación. En varios casos, los autores de esas agresiones actuaron encapuchados y circulaban en coches con las matrículas tapadas. Hubo pasajeros agredidos. Llama la atención que, como informó El País del martes, "algunos de los taxistas indagados llegaron a admitir que conocían a quienes habían provocado estos actos, pero se negaron a dar sus nombres".
Todo ello parecería indicar un estado de cosas preocupante en la actividad gremial del taxímetro.