Italia endurece ley contra inmigrantes

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ROMA | EL PAÍS DE MADRID

El gobierno de Silvio Berlusconi aprobó ayer en el Parlamento italiano, entre protestas de la oposición, nuevas medidas sobre inmigración, criminalidad y seguridad ciudadana que endurecen el polémico proyecto de Ley de Seguridad.

El gobierno, para contentar al ministro del Interior, Roberto Maroni y, para evitar que algunos de sus propios diputados votaran en contra, decidió someter las tres enmiendas a una cuestión de confianza, lo que impidió el debate y la votación secreta. En realidad, la maniobra forzaba a respaldar la acción de gobierno más que a aprobar o rechazar la ley, en un día en que el sondeo mensual de Ipr Marketing revela que la popularidad de Berlusconi ha caído tres puntos en el último mes, pasando del 56% al 53%, y muy lejos del 75% que el primer ministro se atribuía.

Las enmiendas recogen viejas aspiraciones de la Liga del Norte: se convierte en delito la inmigración clandestina, se amplía el período de detención de los sin papeles en los centros de identificación y expulsión hasta los 180 días (en línea con el máximo permitido por la UE), se legalizan las rondas ciudadanas que colaborarán con la policía denunciando posibles situaciones de peligro, y se prohíbe realizar cualquier gestión administrativa a inmigrantes sin permiso de residencia.

Esta última medida era uno de los grandes escollos, porque la oposición, la Iglesia Católica y las organizaciones humanitarias han denunciado que los hijos de los sin papeles no serán inscriptos en el registro civil y corren el riesgo de que se les declare en estado de abandono y sean dados en adopción.

El líder de la oposición, Darío Franceschini, expresó su preocupación. "Es peligroso que se utilice una demanda legítima de seguridad por parte de los ciudadanos para volver atrás. Ya ha habido un momento en la historia italiana en la que se expulsaba a los niños del colegio por su religión. No podemos volver a las leyes raciales", afirmó. El propio Gianfranco Fini, presidente de la Cámara de Diputados, dijo que se debe rebajar el "exceso de propaganda" contra inmigrantes.

A pesar de que en los últimos días se cayeron de la enmienda las normas que obligaban a los médicos y directores de colegios a denunciar a los clandestinos, la oposición teme que cualquier empleado público se vea constreñido a la denuncia y temen que los inmigrantes no llevarán sus hijos al colegio o al médico cuando enfermen. El decreto, que el viernes será aprobado en su totalidad por el Parlamento, podría contener normas inconstitucionales, según Alessandro Pace, presidente de la Asociación Italiana de Constitucionalistas, que señala que el artículo dos de la Carta Magna "reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre, no sólo de los ciudadanos italianos".

El Senado debe estudiar el decreto, pero no se esperan cambios pues el gobierno quiere que se convierta en ley ya.

La Conferencia Episcopal Italiana criticó el delito de clandestinidad porque "se corre el riesgo de crear una franja de ciudadanos de serie B" y de hacer de los inmigrantes unas "no personas". Además, denunciaron que en el decreto no haya una sola palabra dedicada a "la integración de inmigrantes en la sociedad".