Recursos para la Corte

Es lamentable que, con demasiada frecuencia, la Corte Electoral continúe llamando la atención de la opinión pública y que sus penurias presupuestales sigan siendo motivo de comentario, sobre todo en un año como el que está transcurriendo, en que deberá afrontar la realización de elecciones internas, elecciones nacionales y otras universitarias, además de un anunciado plebiscito más una previsible segunda vuelta en las nacionales y unas departamentales el año próximo.

Muchos pueden creer que la tarea de la Corte se limita sólo a disponer la realización de cada uno de esos actos el día que van a tener lugar, olvidando que hay una activa e intensa tarea previa y posterior que debe instrumentar a través de un personal calificado, en largas jornadas tendientes a procurar la capacitación de quienes van a actuar en las mesas receptoras y en la instrucción sobre la formalidades a que debe ajustarse el escrutinio. Esta es una instancia que requiere en más de un caso una especial preparación, por los problemas que plantea y cuyo cumplimiento no puede demorarse, ante la natural y lógica ansiedad por conocer los resultados. A cuenta de mayor cantidad, hay que agregar el armado de una enorme infraestructura nacional que permita la atención y el desarrollo normal de las actividades

Las últimas dificultades que se le impusieran comenzaron con un artículo de la ley de Rendición de Cuentas donde se le suspendió, hasta el 30 de junio del 2010 la facultad de proveer vacantes, exceptuando sólo "hasta treinta vacantes en el último grado del escalafón administrativo", lo que se mantuvo en dos leyes posteriores que se entendieron aclaratorias pero que mantuvieron el límite inicial.

Ahora, se hizo efectiva una nueva limitación a través del Ministerio de Economía que redujo en un 20% el monto de los recursos que solicitara la Corte, en una actitud distinta de la que se utilizó con los restantes organismos del Estado, ya que con ellos se manejó un 5% en la reducción de los gastos y a la Corte Electoral se le cuadruplicó ese porcentaje. Podrán compartirse o no las metas que fijó el gobierno cuando estableció una reducción de los gastos de funcionamiento de otras oficinas públicas, meramente administrativas, pero lo que no puede ignorarse es que la Corte Electoral, en un año precisamente electoral, es diferente a todas, y no deberían formularse quitas ni reducciones que alteren lo que el propio organismo entendió como necesario.

La práctica ha puesto de manifiesto la complejidad de las elecciones internas de los partidos políticos, debido a la cantidad de listas que se presentan, lo que se refleja en el momento del escrutinio, y se reitera en el caso de las elecciones nacionales, donde hay que distinguir, por un lado, los votos que correspondan a los cargos parlamentarios, que quedan fijos en la primera vuelta, y por otro, los que tienen que ver con los candidatos a Presidente de la República, cuyo conocimiento no puede ni debe demorarse en el caso de segunda vuelta, ya que la misma va a cumplirse con una diferencia real de poco más de veinte días, debiendo asegurarse a los que califiquen un período prudencial que permita el desarrollo de la campaña complementaria. Todos los argumentos conducen así a la necesidad de preservar los recursos para que la Corte Electoral dé satisfacción a las obligaciones que la Constitución y la Ley le imponen, disponiendo de las estimaciones formuladas.

Configura un principio jurídico elemental sostener que cuando la Constitución asigna un cometido a un organismo, se encuentra implícito el dotarlo de los medios para que pueda cumplirlo, por lo cual, cuando el artículo 322 establece que le corresponde "conocer en todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales", el Poder Administrador no puede impedirle el cumplimiento de ese objetivo ni crearle dificultades indirectas con limitaciones que no le permitan realizarlo. Justino Jiménez de Aréchaga sigue enseñando en ese sentido que es necesaria la libertad de acción de la Corte y que su autonomía funcional no puede ser afectada por el Poder Político, que es precisamente lo que está ocurriendo.

Es de esperar, por lo tanto, que en la anunciada entrevista que se ha promovido por los representantes de la Corte con el Presidente de la República tendiente a solucionar el conflicto, se logre encontrar el necesario respaldo a los reclamos de aquella.